Reforma Fiscal
Andalucía sospecha que habrá impuesto energético a la carta
El consejero de Industria, Jorge Paradela, rechaza el impuesto porque pone en dificultades inversiones y empleos y augura batalla si se impone a todas las regiones salvo a País Vasco y Cataluña
La Junta de Andalucía teme una fuga de inversiones a Portugal si prospera el impuesto del Gobierno a las energéticas
La indefinición en la que ha quedado el impuesto a las energética tras la angustiosa negociación de la vicepresidenta María Jesús Montero con los socios de gobierno para salvar la reforma fiscal genera muchas incertidumbres, sobre todo en Andalucía. Como en otras ocasiones, el Gobierno ha negociado una cosa y la contraria en función de las siglas. Así, mientras acordaba con ERC EH-Bildu y BNG presentar un real decreto ley para prorrogar durante 2025 el impuesto a las energéticas, a Junts y PNV les aseguraba que no aplicará el referido impuesto a las empresas que inviertan en proyectos de descarbonización. La jugada se remataba pactando con Podemos, que puso mantener el impuesto como condición innegociable, la creación de una «comisión negociadora» con participación de todos los partidos que apoyaron la reforma para conseguir un consenso con el que mantener el impuesto. En caso de no alcanzarse un acuerdo antes del 31 de diciembre, se aprobará el decreto-ley con la prórroga para el año 2025. Todos los grupos aceptaron el galimatías, cuya solución parece tener un solo camino: permitir en el futuro que País Vasco y Cataluña, en su marco singular de autogestión fiscal, puedan decidir qué empresas afectadas pagan en su territorio un impuesto que sería inamovible en el resto de España.
Los proyectos de hidrógeno verde en Andalucía, pendientes de las inversiones del Gobierno en redes de transporte eléctrico
La región tiene 23 iniciativas que suman una potencia estimada de electrólisis de 3,7 gigavatios (GW) y conllevan una inversión superior a 5.300 millones y la generación de 18.000 empleos
Andalucía sería la principal afectada. Las energéticas ya advirtieron que el impuesto puede desacelerar su inversiones en energías verdes. Y Andalucía, concretamente las provincias de Huelva y Cádiz son actualmente los grandes objetivos de inversión para desarrollar el llamado 'valle del hidrógeno verde' andaluz con unos 3,.000 millones de inversión y miles de puestos de trabajo en el alero.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asegura que la Junta de Andalucía «alzará la voz» si el Gobierno «termina pactando de nuevo desigualdades» para comunidades como Cataluña o País Vasco en el impuesto a las energéticas, porque sería «tremendamente perjudicial, injusto e insolidario» y «dañaría» a regiones como Andalucía.
En una entrevista en Canal Sur Radio, Paradela cuestionó el objetivo del Gobierno con el impuesto a las energéticas, porque «España nunca ha tenido petróleo, hidrocarburos ni gas y ha sido siempre un país enormemente dependiente en materia energética» y lo plantea justo «ahora que España tiene por fin la posibilidad de jugar un papel líder porque dispone de más horas de sol que nadie y de las condiciones idóneas para desarrollar energías» limpias.
Andalucía, principal afectada
«Para mí la pregunta es qué persigue el Gobierno poniendo palos en las ruedas a la mayor oportunidad que hemos tenido en décadas», lamenta Paradela, que alerta también sobre la «inseguridad jurídica que genera un Gobierno que ni siquiera a día de hoy sabemos qué ha pactado o dejado de pactar» sobre el impuesto a las energéticas.
El consejero calificó de «guirigay» la negociación del Gobierno durante las últimas tres semanas que ahuyenta la inversión y «poner en peligro lo que debería ser una gran oportunidad de desarrollo y de creación de empleo y de riqueza que tiene España por delante porque hay miles de empleos cualificados en juego».
«Las grandes energéticas están todas inmersas de una manera u otra en una transición desde las energías convencionales fósiles hacia energías limpias. Si el Gobierno al final termina pactando de nuevo desigualdades con regiones como Cataluña o como el País Vasco, Andalucía tendrá que elevar la voz», ha añadido el consejero, que ha subrayado que permitir que determinadas comunidades puedan aplicar «mecanismos de amortiguación» del impuesto sería «una desigualdad más» que terminaría «dañando únicamente a determinadas regiones como Andalucía», concluyó Paradela.
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