Andalucía sigue perdiendo empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social

¿A qué se debe la caída incesante de empleadas de hogar en la Seguridad Social? Puede obedecer a varios factores: un menor poder adquisitivo por parte de los ciudadanos debido a las altas tasas de inflación y subida de tipos de interés que se han registrado desde el Covid, al incremento de hasta un 54% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2018 y la subida de las cotizaciones, que es lo que la familia empleadora debe pagar a la Seguridad Social. Todo ello explica que contratar a una empleada de hogar para las familias empleadoras exija un mayor esfuerzo que hace siete años.

En cuanto a la inflación, los ciudadanos han debido soportar incrementos de casi un 20% desde 2018, mientras que la mayoría de los sueldos no han crecido en la misma proporción. Por otra parte, el Salario Mínimo Interprofesional ha pasado de 736 euros en 2018 a 1.134 euros en 2024, es decir, 398 euros más cada mes, lo que ha hecho que las cotizaciones para este colectivo supongan para el empresario un desembolso de casi 450 euros mensuales si se contrata la jornada laboral completa.

Es decir, que una empleada doméstica que trabaje la jornada completa supondría un coste mensual para una familia no numerosa o pensionista de casi 1.600 euros mensuales. Eso ha provocado que muchas familias hayan renunciado a tener una empleada de hogar o, para soportar el incremento de costes, les hayan reducido las horas de trabajo. No pocas empleadas han acabado en la economía sumergida.

A ello se suman los planes de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, de reforzar los derechos de estas empleadas, de modo que las personas que contraten servicio doméstico deberán realizar una evaluación inicial de los riesgos que existen para la seguridad y salud de la trabajadora, «teniendo en cuenta, con carácter general, las características de la actividad y de las personas empleadas».

Aunque se facilitará una herramienta gratuita online que realizará ese diagnóstico, el decreto del Ministerio de Trabajo precisa que «el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deberán recaer en modo sobre las personas trabajadoras». Por lo pronto, los sindicatos rechazan que sean los particulares los que evalúen los riesgos laborales de las empleadas de hogar ni les gusta la herramienta online que facilita el Ministerio.

Además, según el decreto «tendrán derecho a recibir una formación en materia preventiva en el momento de su contratación» y cada tres años tendrán derecho a un reconocimiento médico que será único aunque trabajen en varias casas, lo que supondrá un incrementará el coste para las familias.

Esta profesión está ejercida fundamentalmente por mujeres, a tenor de los datos estadísticos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, de los 40.256 trabajadores de servicio doméstico afiliados a la Seguridad Social en Andalucía sólo 1.797 (4,6%) son hombres.

Por provincias, Sevilla es la que registra más empleadas domésticas tiene dadas de alta en la Seguridad Social (11.620), seguida de Málaga (10.531), Granada (4.932) y Cádiz (4.164). Por contra, las provincias con menos servicio doméstico son Huelva (1.302), Jaén (1.892), Almería (2.399) y Córdoba (3.412).

De los 40.256 empleadas domésticas afiliadas en Andalucía, 26.232 son de España (65%). Del resto de la Unión Europea son 1.234 y de fuera de la Unión Europea son 12.790 (32%).

El número de empleadas de hogar disminuye y, por contra, el de cuidadores no profesionales afiliados a la Seguridad Social va in crescendo. Así, Andalucía ha pasado de tener 7.007 en julio de 2019 a contar actualmente con 12.534. Pueden asumir la condición de cuidador no profesional las personas que reúnan los requisitos establecidos en normativa reguladora de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: cónyuges o parientes hasta tercer grado.