Un juicio se atrasa medio año porque no se puede ver un CD

La Justicia mostró su cara menos eficaz durante el arranque fallido del juicio que debió sentar ayer en el banquillo a 14 sindicalistas del SAT acusados de coacciones, amenazas y atentado a la autoridad durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en la localidad sevillana de Los Corrales.

La jueza del Penal nº 5 suspendió la vista oral hasta el próximo 6 de abril; es decir, dentro de medio año aproximadamente, porque no se pudo reproducir el CD que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad del instituto Entrepuentes donde ocurrieron los hechos.

Es una prueba fundamental para la Fiscalía , única acusación personada en el procedimiento contra unos sindicalistas que se enfrentan a penas que van de los cuatro años y medio a los seis de cárcel.

Por tanto, más de tres años tardará en juzgarse un caso que para los procesados sólo «es una maniobra política» contra el SAT. Los 14 acusados (trece hombres y una mujer) formaron parte de un piquete que tenía como objetivo impedir la entrada de los profesores del instituto. Once docentes acudieron a su puesto de trabajo ese día y el fiscal afirma que sufrieron amenazas y coacciones. Si bien, la peor parte se la llevó la jefa de estudios.

Siguiendo con el relato del Ministerio Fiscal, rodearon su vehículo, lo zarandearon y le profirieron insultos graves. Posteriormente varios de los acusados se enfrentaron a un agente de la Benemérita que trató de identificarlos.

Toda esta secuencia es negada por los sindicalistas. Uno de ellos, Manuel Velasco, afirmaba ayer que la Guardia Civil había sobredimensionado los hechos . «Los profesores no han denunciado; sin embargo, han sido citados como testigos por el sargento de la Guardia Civil que redactó el informe». Un atestado policial que calificó «de la época de la posguerra».

El exportavoz del SAT y su cara más visible, Diego Cañamero , estuvo junto a una veintena de simpatizantes en la entrada del juzgado apoyando a los acusados. Afirmó que su organización está «sufriendo una persecución sin precedentes». Contabilizó «un millón de euros en multas, más de 300 procesados y 500 años de peticiones de cárcel», el bagaje judicial del «sindicato más represaliado de Europa», a su juicio.