La Fiscalía de Sevilla pide cárcel para los jornaleros que compran peonadas falsas

Esta es la postura de la Fiscalía de Sevilla , castigar a quienes montan la operativa de buscar trabajadores dispuestos a pagar para reunir las peonadas necesarias anualmente para obtener el subsidio agrario, pero también a los jornaleros que prefirieron pagar en lugar de trabajar los jornales .

De esta forma, el líder de la trama, adelantada hace un año por este periódico , Francisco Javier R.M., se enfrenta a seis años de cárcel y al pago de una multa de 650.000 euros ; pero los trabajadores beneficiados se enfrentan a peticiones que van desde el año hasta los cinco meses de cárcel, multas de 1.800 euros y la devolución de lo defraudado a las arcas del Estado. Pero además, no podrán tener derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo largo de tiempo.

Trabajadores que nunca llegaron a trabajar y que pagaban 20 euros por jornadas reales para obtener las 35 peonadas necesarias para el subsidio agrario ; facturas falsas; contratos cuyo objeto no eran realizados; empresas que nunca contrataron a nadie ni tenían movimientos bancarios para pagar salarios,... son sólo algunos de los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla desde 2017.

Todo parte, según el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ABC, en enero de 2016. Entonces se constituye la mercantil Labransur , que tiene por objeto social: actividades de apoyo a la agricultura, intermediarios del comercio de productos diversos, y la explotación agrícola, ganadera, avícola, pecuaria y de análoga naturaleza.

Su domicilio social estaba en Burguillos, en una vivienda «en avanzado estado de deterioro , inhabitable desde hace bastante tiempo», según un atestado policial. Sus socios fundadores, Juan Enrique P.A. y su madre Dolores A.R. se enfrenta a tres y un año de cárcel, respectivamente. También al pago de una multa de 220.000 y 110.000 euros cada uno.

Las redes de Labransur también se extendieron a otras provincias como Córdoba y Albacete . Aunque la referida sociedad fue constituida los dos investigados antes citados, «de facto era gestionada por el también acusado Francisco Javier R.M.». Éste era quien actuaba como administrador y responsable de cara al público junto con un tercero que se encuentra en paradero desconocido y respecto del cual se sigue otro procedimiento judicial.

Este acusado se hizo con Labransur «con el único motivo de utilizarla como sociedad instrumental para la consecución de unos fines ilícitos». La empresa carecía de actividad real, organización, infraestructura y patrimonio, pero estaba «revestida de apariencia formal , simulando actividad con el propósito de servir vehicularmente a fines fraudulentos».

En concreto el acusado utilizó la empresa como sociedad «saco» , destinada a albergar un elevado número de trabajadores de alta en la misma, de los cuales, parte prestarían servicios reales para terceras empresas sin relación directa con Labransur, y, otra parte importante, serían trabajadores cuyas altas no se corresponderían con actividad laboral efectiva, los cuales se servirían de dichas altas ficticias para acceder indebidamente al cobro de prestaciones del sistema de la Seguridad Social .

El líder de la trama se sirvió para sus fines de Juan Enrique P.A., de su madre, pero también de su propia pareja, Marlene R.Y., también acusada. El primero era el testaferro para que éste fuese el que figurase ante la Tesorería General de la Seguridad Social como responsable legal de la mercantil para tramitar las altas y bajas de los trabajadores ficticios. A cambio, Juan Enrique recibía una contraprestación económica, como su madre. Por su parte, Marlene solía conducir el coche que llevaba a Francisco Javier y Juan Enrique al banco .

A lo largo de todo el año 2016 y principios de 2017, los dos acusados contrataron a un total de 73 trabajadores , todos ellos con contratos para obra y servicio determinado que fueron comunicados a la Tesorería General de la Seguridad, personada en la causa como acusación. También está el Servicio Estatal Público de Empleo. Los 73 trabajadores obtuvieron prestaciones de la Seguridad Social que tenían su origen en la relación laboral simulada tras la incoación del correspondiente expediente, causando con ello un perjuicio al referido entre público de un total de 215.805,79 euros .

Para llevar a cabo su plan Francisco Javier R.M. contó con la ayuda de cuatro «conseguidores» . Alfonso B.M.;José Antonio C.C., Manuel Jesús M.F.; y Ángel O.M., desarrollaron su papel en distintos pueblos de Sevilla y Córdoba, donde buscaban a trabajadores ficticios. Esto es, eran los que ejecutaban lo que se conoce popularmente como «venta de peonadas» .

Tales acusados se ofrecían como intermediarios a fin que Labransur los diese de alta y les facilitase el número de jornadas que éstos necesitaban para acceder al subsidio agrario. Todos los trabajadores eran residentes en Andalucía y Extremadura. A cambio debían pagar entre 18 y 20 euros por jornada declarada , sin que nunca llegasen a desempeñar actividad laboral real alguna.

Según un informe de la Inspección de Trabajo , que obra en la causa judicial y en la que se incluye la sanción a los trabajadores para que devuelvan los subsidios, los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete nunca llegaron a realizarse. En Albatece, Labransur sólo tuvo una persona contratada.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Sevilla, a través de la Sección de Delitos Económicos, solicita para el principal acusado seis años de cárcel y una multa de 650.000 euros . Para Juan Antonio P., tres años de prisión y 220.000 euros de multa.

Un año y nueve meses de cárcel es el castigo penal que se exige para las dos mujeres y dos de los «conseguidores» , que además deberían, en caso de ser condenado, afrontar una multa de 110.000 euros. Los otros dos «conseguidores» se enfrentan a cinco meses de cárcel. De forma solidaria deberán indemnizar a la Seguridad Social con 124.000 euros.

Con respecto a los trabajadores beneficiados de la trama de la venta de peonadas falsas, la Fiscalía hace tres grupos en función del dinero devuelto por cada uno . Así, una veintena se enfrentan a cinco meses de cárcel; otros ocho, a siete meses;y el grupo más numeroso, de 45 personas, a un año de prisión. Deberán afrontar el pago de una multa, devolver el dinero al Estado y no podrán acogerse a ayudas públicas. Todos los procesados están acusados por falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.