Los decanos de Derecho, contrarios a una carrera de 3 años
SEVILLA. Representantes de cuarenta y una universidades españolas que han participado en la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho, que ayer se clausuró en Sevilla, han mostrado su preocupación por la posibilidad, contemplada en la Declaración de Bolonia de 1999, de que la mera superación del primer ciclo de enseñanza universitaria, de sólo tres años de duración, sea suficiente para comenzar a ejercer la profesión jurídica.
La citada Declaración aboga, en líneas generales, por la configuración de un espacio europeo de la educación superior y el reconocimiento automático de la validez de todos los títulos; unos objetivos que han de ser realidad en el año 2010. Los decanos de Derecho reunidos en Sevilla consideran que la formación de un jurista requiere una maduración suficiente del estudiante y un dominio de diversos conceptos y técnicas que precisan «un tiempo de aprendizaje superior a tres años». Asimismo, los participantes rechazaron «toda regulación del acceso al ejercicio de la abogacía que suponga una regulación parcial a un problema complejo como éste, en el que entran en juego, junto al interés general en la defensa de los derechos de la ciudadanía, intereses de carácter corporativo».
Es por ello, que la Conferencia está a favor de «una solución global que, partiendo de la necesidad de completar la formación post-grado especializada para quienes deseen ejercer como abogados, permita la consecución del objetivo de armonización en el marco europeo». Dentro de este contexto, los decanos estiman que la Universidad debe tomar «parte activa» en la búsqueda de dicha solución.
La LOU y el profesorado
Los decanos también expusieron su preocupación por algunos aspectos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) relativos a la selección y contratación del profesorado. En este último punto, la Conferencia considera necesario «corregir la antinomia» del artículo 48.1 de la Ley en el que se establece que las comunidades autónomas podrán regular la contratación del personal laboral. Los decanos precisan que las autonomías no podrán regular el régimen jurídico de esas contrataciones «puesto que carecen de competencia en materia de legislación laboral», al tratarse de una competencia exclusiva del Estado.
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