Chaves reclama la aplicación de la Ley de Extranjería para los inmigrantes
El presidente andaluz, Manuel Chaves, defendió ayer que se aplique la Ley de Extranjería a los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide, y afirmó que «encerrarse no debe servir para conseguir papeles en este país». Asimismo, calificó de «bobada» que se acuse a la Junta de estar detrás de esta acción

SEVILLA. El presidente de la Junta ha tardado una semana en pedir que se aplique la ley de Extranjería a los inmigrantes de la Pablo de Olavide, como hiciera el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, días atrás. En respuesta a una pregunta formulada en el «Foro Europa 2002 Press» que organizan la agencia de noticias Europa Press y Nueva Economía con motivo de la Presidencia española de la UE, Chaves fue tajante al pedir la aplicación de la Ley de Extranjería a los encerrados, tras subrayar que «encerrarse no puede ser un instrumento para conseguir papeles en este país». «Si el objetivo del enciero es ese no lo van a conseguir y no lo deben conseguir», incidió el presidente andaluz.
Respondió a las acusaciones del PP que señalan a los responsables de la Junta y los sindicatos como instigadores de esta protesta que coincide con la Cumbre. «Es una auténtica bobada que se diga que estamos detrás del encierro» se limitó a decir.
Sí se extendió para negar que el PSOE haya dado un giro en sus planteamientos sobre inmigración. «Nunca hemos defendido papeles para todos. Eso es falso. Siempre hemos dicho que se aplique la Ley, aunque no nos guste», dijo, tras indicar que «el fracaso del Gobierno es que no tiene medios» para cumplir la norma.
El presidente de la Junta reiteró en el citado Foro su posición sobre las medidas para contener la inmigración ilegal que se están impulsando en la UE, e insistió en su rechazo a que en la Cumbre de Sevilla se lance «un plan amenaza a los países de origen que blinde a Europa», o que las soluciones se planteen sólo en términos «economicistas». A su juicio este fenómeno debe abordarse con un «control razonable» en las fronteras, la extensión de los convenios de colaboración con los países emisores, que fijen los flujos migratorios y las condiciones para el retorno de los inmigrantes ilegales, y la aplicación de políticas de integración para las personas «que puedan ser absorbidos por nuestra economía».
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