Bustamante no ha entregado su acta en el Congreso y crea un problema político al Gobierno de Sánchez

El pasado lunes Miguel Ángel Bustamante, miembro del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida, anunció que renunciaba a su acta después de que su expareja le hubiese denunciado por un presunto caso de malos tratos.

Nada más conocerse la acusación , IU lo suspendió de militancia y el político sevillano anunció que abandonaría su acta de diputado para defenderse de las acusaciones, ya que insiste en su inocencia. Pero cinco días después de comprometerse, Bustamante no ha hecho efectiva su renuncia... aunque no ha vuelto a aparecer por el Congreso de los Diputados lo que ha provocado un grave conflicto político al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno cuenta actualmente con el apoyo de los 120 diputados socialistas y los 33 de la coalición morada, una frágil mayoría que necesita de otros grupos políticos para sacar adelante sus iniciativas en la Cámara Baja. Un voto en estos casos es crucial y están en un callejón sin salida ya que el acta de diputado es personal y sólo quien la ostenta puede abandonarla

Pero la actitud de Bustamante está bloqueando su renovación y generando también problemas políticos a quien será su sustituto. Ezequiel García, el siguiente en la lista electoral de Unidas Podemos, es informático en una multinacional y aunque ha anunciado que tomará su acta del Congreso, se mantiene en la empresa privada ya que no puede pedir la excedencia laboral forzosa por razón de cargo público.

Esta situación de inestabilidad está sumando más tensión a la ya difícil convivencia de IU y Podemos en Andalucía, porque la formación a la que pertenece Miguel Ángel Bustamante, IU, se desentiende del asunto ya que ha sido expulsado de la misma. Y Podemos no puede ocupar el escaño vacante porque todavía no lo está.

Esta consecuencia política deriva de la denuncia interpuesta contra Bustamante por la que fuera su mujer durante una década por un supuesto caso de violencia de género. Fruto de esta relación, la pareja tiene dos hijos. Se separaron hace cuatro meses y está en trámite de divorcio.

Ella, de nacionalidad belga, denunció al diputado de IU por malos tratos físicos, coacciones, amenazas y revelación de secretos, al tiempo que le atribuye agresiones a uno de sus hijos, que tiene ocho años. El otro niño tiene cuatro años.

Este asunto, de momento, se lleva en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija, donde residía la pareja. El pasado miércoles, la titular del juzgado rechazó la petición de la mujer de una orden de protección, al no apreciar peligrosidad para ella.