Piden más de 320 años de cárcel para un entrenador de fútbol de Sevilla por 126 delitos sexuales contra menores
El acusado, según detalla la Fiscalía, creó un perfil falso de una chica en Instagram, usando fotos reales de una menor; llegó a mantener conversaciones con casi 220 menores, aunque sólo se ha podido identificar a 54 víctimas
Más 320 años de cárcel por más de 120 delitos sexuales. Es la durísima petición de condena que realiza la Fiscalía contra un entrenador de fútbol de categorías inferiores de Sevilla. Este individuo, de 33 años, se creó un perfil falso de una chica en Instragam, usando fotos reales de una menor, para contactar con las víctimas, lo que se conoce como 'Child Grooming'. Llegó a conversar con 219 aunque sólo se han podido identificar con 54.
Los hechos se produjeron entre finales de 2020 y octubre de 2022, según detalla la Fiscalía de Sevilla, en su escrito de calificación adelantado por Canal Sur Radio y al que ha tenido acceso este periódico. El acusado, en prisión provisional desde el pasado mes de agosto, está a la espera de la fecha de la vista oral en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Este individuo, entrenador de fútbol en categorías inferiores, se creó diversos perfiles falsos en Instagram, en los que simulaba ser una chica menor de 16 años. A través de estos perfiles contactó con multitud de chicos de edades que oscilaban entre los once y los diecisiete años, aunque incluso lo hay más pequeños.
Una vez se ganaba la confianza de éstos les pedía sus números de teléfonos para seguir conversando a través de WhatsApp o Telegram. El siguiente paso era pedirles imágenes y vídeos de contenido sexual para satisfacer «sus deseos libidinosos». Además, les hacía llegar documentos gráficos de contenido sexual de la joven que simulaba ser.
Su actuación delictiva, según describe la Fiscalía, fue más allá. Para dar tintes de credibilidad a su perfil falso y poder engañar a sus víctimas usaba imágenes reales del perfil de una chica de 16 años, aunque el Ministerio Público detalla que no consta que los archivos sexuales pertenecieran a la dueña de este perfil.
Por auto de 14 de octubre de 2022 del juzgado que llevaba la investigación se ordenó la entrada y registro en su domicilio en la capital, lugar en el que se ubicaban las direcciones IP, así como la facturación de los teléfonos usados. Cuatro días después se registraba su piso. Los agentes intervinieron todos sus dispositivos (tres discos duros, dos teléfonos y un portátil), donde se almacenaban conversaciones y archivos recibidos y enviados.
La Fiscalía asegura en su escrito de calificación que el acusado era perfectamente conocedor de la edad de los menores con los que contactaba. Tenía almacenados los contactos de las víctimas con su nombre, apellidos y categoría de fútbol a la que pertenecían. La mayoría de las víctimas, como detalló la Policía, habían sido sus jugadores.
Sin Instagram casi de por vida
En su escrito de calificación la Fiscalía detalla los presuntos hechos delictivos contra los 54 menores, incluido una niña. Para el Ministerio Público, la actuación de este pederasta constituye 49 delitos de embaucamiento (sexting), por los que le pide 15 meses de prisión por cada uno de los delitos.
Se le reclama cuatro años de cárcel por cada uno de los trece delitos de agresión sexual a menor de 16 años por los que se sentará en el banquillo. La Fiscalía le imputa 22 delitos de creación de pornografía infantil de persona menor de 16 años, por los que pide siete años de cárcel por cada uno. A esta petición se suma la de quince años cinco delitos de creación de pornografía infantil de persona menor de 16 o 17 años.
Por cada uno de los 34 delitos de distribución de material de pornografía entre menores de edad se le reclama nueve meses de prisión, lo que ascienden a más de 25 años de cárcel, a los que hay que sumar otros nueve meses por un delito de exhibición obscena ante menores de edad. Por último, por dos delitos de facilitación de la prostitución de menor de 16 años la Fiscalía exige una pena de doce años de cárcel.
Ente otras medidas, el Ministerio Pública solicita al juez que se le imponga la prohibición de aproximarse y comunicarse con las víctimas, así como la de crear perfiles y usar de cualquier otro modo la red social Instagram casi de por vida. Las indemnizaciones a las 54 víctimas casi alcanzan los 200.000 euros en total.
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