María Jesús Montero retiene 120 millones de ingresos a Sevilla, un 10% de su presupuesto anual

La factura pendiente de María Jesús Montero con la capital hispalense, por cuya circunscripción fue elegida diputada en el Congreso, alcanza ya los 120 millones. Son, en su mayoría, partidas que el Ayuntamiento dejó de ingresar en sus arcas desde la llegada de Sanz a la Alcaldía, cuando la relación de la vicepresidenta de Sánchez con el Consistorio pasó de ser más que estrecha a convertirse en el exponente de su batalla política contra el PP. Esta cuenta pendiente responde a decisiones controvertidas del Ministerio que dirige, que en lo que va de mandato ha guardado en un cajón todas las propuestas presentadas por el gobierno de la ciudad que dependían directamente de su gestión o en las que, de algún modo, se requería de su beneplácito. Una lista de «castigos», como los calificó el alcalde, a la que se sumó recientemente la obligatoriedad de que los ayuntamientos modificaran al alza la tasa de basura para hacer frente a la ley sobre el tratamiento de residuos, diseñada para evitar que Hacienda creara un nuevo impuesto para cumplir con las directrices europeas. Sólo a Sevilla, la decisión le supone abonar «a pulmón» –dijo el concejal Juan Bueno– unos 20 millones por anualidad.

El grueso de los 120 millones de euros que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en estos meses corresponde a la Participación de los Tributos del Estado, la denominada PIE. Hace unos días, Montero remitía una circular informativa en la que avisaba que Hacienda no realizará esta transferencia como consecuencia de la negativa del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, aquel en el que Pedro Sánchez camufló medidas sociales como las ayudas al transporte público con otras decisiones políticas que provocaron el rechazo mayoritario de los grupos. La decisión ha supuesto que la ciudad se quede sin 71 millones de euros de un plumazo en este 2025, medida por la que el alcalde ha enviado esta semana una nueva carta a la ministra en la que le exige «explicaciones» porque «medidas financieras tan necesarias como la actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos se hayan excluido de la reconfiguración del decreto, cuando era una cuestión que no estaba en el centro del debate político para su convalidación».

La deuda también afecta a los millones que Sevilla ha dejado de ingresar por la oposición del Gobierno de Sánchez a que la ciudad pueda implantar la tasa turística, es decir, cobrar un tributo a quienes se alojen en la capital hispalense para que redunde en el mantenimiento de los servicios públicos de los que también hacen uso. La cuenta del alcalde fija la cantidad perdida en unos 25 millones, que sería la que se obtendría de la multiplicación de esta especie de impuesto por el número de turistas que anualmente eligen a la capital hispalense como su destino. El informe encargado por el gobierno de José Luis Sanz fijaba un pago de 3,80 euros por pernoctación en hoteles de 4 y 5 estrellas y de 2,30 euros para el resto de establecimientos. La idea del ejecutivo municipal es que esta recaudación sirva para sostener la limpieza, la seguridad o el transporte público, además de para mantener el patrimonio y financiar pequeñas obras en los barrios, de modo que los vecinos vean que el turismo supone un beneficio para ellos.

Otro de los grandes proyectos del alcalde que se ha topado con el muro de la indiferencia del Ministerio de Hacienda ha sido la propuesta de cobrar una entrada a los visitantes de la Plaza de España, uno de los monumentos con más demanda entre los turistas. Sanz pretende implantar un ticket de tres euros por persona –excluyendo del pago a los sevillanos– con el que, según sus cuentas, se recaudarían 9,5 millones de euros al año. Un dinero que en su mayoría iría destinado a la puesta en valor de los edificios de la Expo del 29 con motivo de la celebración de su centenario, a la implantación de un nuevo servicio de vigilancia y control de 24 horas del recinto y a la creación de un taller de restauración municipal permanente. Pero la titularidad de la Plaza de España es compartida entre el Ayuntamiento y el Gobierno y, por tanto, requiere del beneplácito de Hacienda al que se ha negado Montero desde un principio. Eso sí, sin ofrecer ni una sola de las alternativas que ha pedido el alcalde para conseguir esta cifra tan necesaria para las cuentas locales.

Tampoco recibió la ciudad muy buenas noticias en cuanto al futuro de los suelos de las naves de Hytasa, propiedad del Ministerio de Hacienda, y que acumulan un cuarto de siglo en desuso. Montero firmó un protocolo con el socialista Antonio Muñoz para que la ciudad se quedara con la titularidad de las mismas a cambio de 4,7 millones de euros, pero con la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía el preció subió de un día para otro y pasó a ser de 10 millones de euros. O lo que es lo mismo, otros cinco millones de euros más que la ministra le imputaba a su ciudad. La cifra de 120 millones se alcanza con los cuatro que perdió el Ayuntamiento por el rechazo estatal a los tres proyectos presentados para obtener las ayudas del 2% Cultural y que irían a financiar el 45% de la rehabilitación del Pabellón Real, del convento de Santa Clara y de la muralla de la Casa de la Moneda.

La cantidad total representa casi el 10% del presupuesto consolidado con el que cuenta el Ayuntamiento de Sevilla para este 2025, pero es extrapolable a otros conceptos que muestran la magnitud de la deuda. Con ella se podría pagar, entre otros, el coste total de la plantilla de Lipasam de un ejercicio completo (108 millones) o tres ampliaciones del tranvía desde Nervión hasta Santa Justa, cuyo presupuesto se estima en unos 46 millones de euros. El dinero que Montero retiene a los sevillanos es prácticamente lo mismo que le costó a la ciudad la obra de las Setas de la Encarnación que, precisamente, gestionaron los propios socialistas y se cerró con un sobrecoste sin precedentes, y serviría, por ejemplo, para pagar las productividades de la Policía Local de estas navidades hasta en doce ocasiones.