Los jefes de Sanz en la Policía Local de Sevilla tienen a sus sobrinos implicados en las oposiciones anuladas

Ayer el propio Sanz se escudó en la «seguridad ciudadana» para tratar de explicar a los medios este giro en la actuación municipal. «Se crearía un problema importante» porque «nos faltan 500 policías locales todavía, aunque hemos sacado 71 plazas este año, y la posibilidad de quedarnos de un día para otro, de golpe, sin 46 agentes crea un problema importante».

En este sentido, el primer edil insistió que «muchos de los policías» afectados por la sentencia (46 en concreto) «en todo el proceso, ni han estado imputados ni han acudido a declarar como testigos», en una situación que ha calificado de «chocante».

Este «problema de seguridad» que alega ahora el gobierno local a través del escrito del director general de Recursos Humanos para motivar su cambio de posición, es el mismo que exponen las defensas de los agentes afectados para pedir a la juez la inejecución del fallo, que implica el cese de los policías y la repetición de las oposiciones.

No obstante, es cierto que este «problema de seguridad» por falta de agentes no es nuevo. El pasado mes de julio este periódico informaba de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían abierto una investigación interna para esclarecer la posible relación entre las bajas laborales de varios agentes de la Policía Local y la ejecución de la sentencia. Oficialmente se admitía que no se conocía el número de bajas que había entonces en el cuerpo, cuándo se produjeron y los motivos de las mismas, pero entre éstos estaban agentes que tendrían que entregar su placa con motivo de la decisión judicial. Y todo ello en vacaciones.

A finales de junio la juez del caso daba un ultimátum al gobierno local del PP: quería saber por qué aún no se había ejecutado el fallo, qué medidas había adoptado y, en caso de que no actuara, advertía: «el juzgado adoptará las medidas necesarias para su ejecución».

En julio llegó el escrito del jefe de Servicio de Recursos Humanos a la juez, donde concretaba la fecha aproximada en la que serían cesados los funcionarios implicados y confirmaba que el Ayuntamiento ya estaba trabajando en la organización de la repetición del examen práctico (la Justicia invalidó el proceso en ese punto y obligaba a retrotraer las actuaciones hasta ese momento).

En dicho escrito, el anterior jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, con Sanz ya en la Alcaldía, detallaba a la juez que para «causar el menor daño posible» a la plantilla de la Policía Local, se demoraba el cese de los funcionarios hasta el mes de septiembre.

Además, en este tiempo, el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, acordó excluir a 18 policías afectados por la anulación de las oposiciones de otro proceso de promoción interna en el que estaban participando para ascender como oficiales.

Recursos Humanos, siguiendo el criterio propuesto por el letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, detallaba que de los 45 funcionarios salpicados, el Ayuntamiento debía expulsar a esos 34 funcionarios.

Ahora, el nuevo director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, nombrado por el PP, corrige a su antecesor y pide la inejecución del fallo por una cuestión de seguridad, pero también por los costes económicos para las arcas municipales. Ayer el alcalde añadió a sus explicaciones que «si el (opositor) recurrente solicitaba la inejecución de la sentencia, no tenía ningún sentido que el Ayuntamiento no reclamara también» esa inejecución.

Pero esta marcha atrás llega, curiosamente, cuando se conoce que el gobierno local ha nombrado a Antonio Paredes y Miguel Acuña, como coordinador de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, y coordinador de Seguridad, respectivamente. Si bien esta segunda designación no es oficial por los problemas informáticos derivados del ciberataque. La pelota queda de nuevo en el tejado de la juez.

Fuentes del Ayuntamiento señalan que, están ante un problema heredado «que nos ha tocado gestionar a este equipo de gobierno que no lleva ni tres meses». Respecto a la vinculación de los coordinadores de Seguridad nombrados por Sanz y los agentes implicados, las mismas fuentes afirman que «en ningún momento se ha mirado el nombre de ninguno de los afectados, ni su vinculación familiar» y que, cuando se decidió nombrar a estos dos directores, «se ha hecho por sus capacidades y méritos».