El impuesto de Sanz a las compañías telefónicas no recauda ni un sólo euro de los 10 millones previstos

La liquidación de los ingresos de las cuentas de gasto de 2024, a fecha de 5 de noviembre, recoge que de los 10,86 millones de euros que estaba previsto que se recaudaran con esta tasa no se ha obtenido a estas alturas del año ni un sólo euro. Es decir, el volumen de ingresos por este apartado del capítulo de tasas por la utilización privativa o aprovechamiento del espacio público es a día de hoy de cero euros. Cierto es que todavía resta algo más de un mes para que finalice el año en curso y para que, por tanto, se oficialice la cuenta definitiva de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Sevilla durante este ejercicio, pero la realidad es que parece complicado que en este escaso margen de tiempo el gobierno municipal sea capaz de cubrir esta cantidad al completo o que se aproxime a un porcentaje relevante de la misma. Sin embargo, y a pesar de estos resultados más que discretos, el borrador de los presupuestos municipales para 2025 mantiene una previsión idéntica en cuanto a lo que se recaudará por este tributo.

Esta tasa obligaba a las operadoras de telefonía a realizar una contribución anual a las cuentas del Ayuntamiento como contraprestación por hacer uso de forma privada del suelo, subsuelo o vuelo de titularidad pública para las instalaciones y ubicación de cualquier dispositivo encaminado a facilitar las comunicaciones de su actividad empresarial. Hace casi una década que el por entonces gobierno local apostó por sacarlo del listado de ordenanzas fiscales que estaban en vigor en ese momento en la ciudad. El motivo que llevó a tomar esta decisión fueron los numerosos litigios que las compañías del ramo habían presentado en los tribunales y que venían a poner en duda la legalidad del impuesto en determinados supuestos. De hecho, el resto de las grandes ciudades del país tomaron la misma decisión y apostaron por la derogación del gravamen para evitar males mayores.

En aquellos momentos, las telefónicas se amparaban en la jurisprudencia que sentó un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2012. En este fallo se ponía de manifiesto que la redacción de las ordenanzas fiscales vulneraban lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2002/20 del Parlamento Europeo en dos aspectos. Por un lado, en el caso de la imposición de la tasa a las empresas que utilizaban las instalaciones de las operadoras en régimen de alquiler. Por otro, el uso de algunas fórmulas que no garantizaban la cuantificación objetiva y proporcional de la tasa. Muchos ayuntamientos, ante el riesgo de verse obligados a indemnizar a las telefónicas, prefirieron suprimir el impuesto. En 2017, la mayoría de ellos tomaron la decisión de recuperar el tributo, pero el gobierno de Sevilla, que entonces lideraba el socialista Juan Espadas, prefirió mantener su negativa.

Según los cálculos del ejecutivo actual del PP, la ciudad dejó de ingresar por esta decisión unos 40 millones de euros en todos estos años. Con ese dinero, por ejemplo, se podrían haber pagado parte de las obras de la rehabilitación de la Fábrica de Artillería o dos ampliaciones del tranvía como la que se ha llevado a cabo entre San Bernardo y el barrio de Nervión. Sin embargo, las previsiones iniciales que se marcó el gobierno de José Luis Sanz no se han cubierto hasta el momento y, a punto de finalizar el ejercicio presupuestario de 2024, el hecho de no haber recaudado ni un euro con esta tasa supone un revés a las previsiones marcadas en el capítulo de ingresos.