Las heridas cicatrizadas tras el desastre de la mina Aznalcóllar

Pasadas las tres de la madrugada, el suelo arcilloso de la balsa de Boliden se deslizó y provocó una fractura en la presa (ubicada en una terraza del río Agrio). Una lengua con siete millones de metros cúbicos de zinc, cadmio y arsénico comenzó su avance río abajo, en dirección al Parque Nacional de Doñana, a sesenta kilómetros. La sequía –que también entonces aquejaba a Andalucía– ayudó a que se ralentizara el avance de los lodos en el cauce, que lograron ser contenidos con la construcción de tres diques. La superficie afectada se elevó a 4.600 hectáreas, de las que más de 3.000 eran tierras agrícolas. «Boliden solo pagó una cosecha», recuerda este agricultor.

Nadie ha olvidado los estragos en el medio ambiente, pero en aquellos primeros días también había una preocupación por la tragedia social: Boliden era esencial en el entorno de Aznalcóllar, donde empleaba de forma directa a más de 500 personas. Tan prioritario como restaurar la naturaleza y resarcir a los agricultores era mantener la actividad industrial. «El Gobierno central era del PP y el autonómico del PSOE, Aznar y Chaves, se pusieron de acuerdo en lo esencial y en cuatro meses adoptaron las medidas para combatir la situación», recuerda Juan José Fernández, alcalde de Aznalcóllar, que era trabajador de la mina. «Fui el último minero de Boliden», apunta.

La factura final de la catástrofe fue muy superior a lo que abonó Boliden, pero la compañía sueca no echó el cerrojazo y ni se marchó inmediatamente. «Cuando se produjo el accidente, Boliden amplió su capital en más de 120 millones de euros (hasta alcanzar 210 millones) para hacer frente a las pérdidas y al desembolso de los gastos extraordinarios por la rotura», remarca un profesional que estuvo vinculado entonces a Boliden, que prefiere guardar su anonimato. En aquel momento la empresa abonó 106 millones de euros (treinta se destinaron a la retirada de lodos, diez para indemnizar a agricultores por la cosecha perdida y otros 47 para diversos pagos a terceros). Ander Bullow, presidente de Boliden Arpisa, ofreció una tensa rueda de prensa en la que prometía «volver a empezar y buscar soluciones».

En 1999 reabrió la mina con modificaciones esenciales, ya que «la antigua balsa fue sellada y se utilizó una antigua corta para los lodos, lo que supuso trastornos técnicos y económicos muy considerables», incide este profesional. La actividad continuó durante tres años más, como recuerda el alcalde de Aznalcóllar. Pero una crisis se sumó a otra crisis: el incremento de gastos en la operación se superpuso a una caída en picado en el precio de las materias primas, lo que provocó que la explotación minera fuera totalmente inviable. Así comenzó una negociación con la Junta para lograr el cese de la actividad, y Boliden entregó al Gobierno andaluz bienes muebles e inmuebles, concesiones administrativas y permisos de investigación que se valoraron en 170 millones. Otras operaciones mineras, como Riotinto, también echaron el cierre en ese momento, generando una imagen negativa de la minería en la política y la sociedad andaluza que solo se ha superado en los últimos años con las nuevas empresas que han reactivado este sector (utilizando nuevas tecnologías que reducen drásticamente los riesgos).

Las instalaciones de Boliden eran modernas para la época y llegaron a recibir la visita del rey de Suecia. El drama lo propició un grave error en la construcción de la balsa. Este recinto se colmataba con los residuos del proceso minero y el muro que los contenía –elaborado con materiales compactados– se recrecía a medida que se acumulaban más lodos. La investigación concluyó que su diseño no tuvo en consideración la fragilidad de las arcillas azules del Guadiamar sobre la que descansaba todo su peso. Esto provocó un deslizamiento del subsuelo que causó la ruptura del muro. La juez instructora lo calificó como «imprudencia no grave», lo que cerró la vía penal en el proceso judicial.

En aquel momento la negociación con la empresa y el acuerdo entre administraciones fue esencial, ya que «no existían directivas medioambientales de la UE como las actuales, que prevén este tipo de accidentes y la forma de actuar ante las mismas», recuerda Pedro Jiménez, socio en Urium Legal, bufete especializado en derecho minero. Pedro Jiménez apunta que el vertido de Aznalcóllar «aceleró el desarrollo de una normativa europea más garantista con el medio ambiente».

Tras el vertido quedaron dos brechas abiertas, una social y otra medioambiental. Un cuarto de siglo después ambas pueden cicatrizar definitivamente.

El proyecto de la Junta para la recuperación ambiental del terreno fue la creación del «Corredor Verde del Guadiamar», basado en la restauración integral del cauce del río, al que se destinaron 200 millones. El río conecta a través de 80 kilómetros Sierra Morena con Doñana, y los trabajos de limpieza y descontaminación se centraron en más de la mitad de la superficie. De la zona contaminada se retiraron unos siete millones de metros cúbicos de residuos. Trabajaron casi 900 personas durante 200 días (que emplearon 500 camiones).

El agricultor Joaquín Herrera estuvo empleado en la empresa que retiró los restos de los lodos. «Recuerdo el polvo negro que se levantaba en aquellas operaciones de retirada, una nube oscura que envolvía a los camiones en su trayecto de vuelta a Aznalcóllar». El lodo se depositaba en una corta minera abandonada. «Como los residuos de Boliden eran ácidos, se enmendó el suelo del cauce con los residuos de la balsa de la Azucarera de la Rinconada, que tenía un PH alto, también se aportó caliza y otra enmienda húmica de estiercol… este tratamiento unido a las condiciones de humedad de la zona provocaron que la naturaleza creciera rápidamente». Ahora es un entorno dominado por la vegetación en la que Herrera considera que no existe el control adecuado. «Hay caballos salvajes, cientos de linces sin contabilizar, zonas inaccesibles… faltan vallados y labores de control, vigilancia y orden».

El Ministerio de Medio Ambiente activó el Plan «Doñana 2005», que avanzó en la recuperación de los aportes tradicionales de agua a la marisma de Doñana a través del Guadiamar y del Guadalquivir.

Ahora ha llegado el momento de cerrar la última cicatriz. Si se cumplen los pronósticos de la Consejería de Industria, Energía y Minas, en los próximos meses se concederán los últimos permisos administrativos a Minera Los Frailes, la empresa que retomará la actividad en este enclave (tras obtener los derechos mineros en 2015). «Hay dos cortas, Los Frailes y Aznalcóllar, y especialmente la segunda contiene agua contaminada; están circundadas por escombreras que quedaron abandonadas; y el proyecto de reapertura de la mina contempla la recuperación ambiental integral de toda esta zona», recuerda el alcalde de Aznalcóllar, que valora que se trata de una iniciativa que creará 2.000 empleos y terminará con la restauración de la zona.

La tramitación sigue adelante. Pese a ello, en Aznalcóllar todo es complejo. El proceso de adjudicación que realizó la Junta de Andalucía para conceder los derechos mineros en un concurso internacional se juzgará en la Audiencia de Sevilla en 2025 (en un juicio en el que no existe acusación de la Fiscalía). «La administración lo considera un proyecto estratégico y en Aznalcóllar estamos trabajando en la formación de jóvenes para que el inicio de la explotación pueda crear el máximo número de empleos en nuestro pueblo», concluye Juan José Fernández.