El Gobierno de España se quedará con el dinero de la tasa turística, que no revertirá en Sevilla

La normativa en cuestión responde al desarrollo de la Ley 7/2022, titulada «residuos y suelos contaminados para una economía circular». A través de ella, el Gobierno de España obligaba a ayuntamientos y entidades privadas a crear una tasa específica y no deficitaria para cubrir el coste que se genera por la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, respondiendo a una nueva directriz comunitaria en materia de reciclaje y descartando la posibilidad de implantar un nuevo impuesto nacional que fuera gestionado en primera persona. El Estado desechó esta medida por su alto coste político, obligando a los gobiernos municipales a actuar como una especie de agencia de recaudación entre sus vecinos, pues serían los encargados de cobrar el gravamen al que obligaba Europa para que, a través de las comunidades autónomas, acabara en las arcas centrales.

Hacienda dio entonces un plazo máximo de tres años a las corporaciones locales para que decidieran cómo cobrarían el impuesto a la población, fijando para ello una fecha tope: abril de 2025. Durante los años 2023 y 2024, el Ayuntamiento de Sevilla decidió pagar con fondos propios el coste de este nuevo impuesto, que en el caso de la capital hispalense alcanza los 9,9 millones de euros. Pero a partir del próximo ejercicio, la ley no deja otra salida que repercutir esa cantidad entre los sevillanos a través de una subida de la tasa de basura que la Delegación de Hacienda aún está ultimando. El edil municipal Juan Bueno, responsable del área, asumió hace unos días lo complicado de cuadrar estos números, pero indicó que la idea del gobierno municipal era hacerlo «de la forma más justa». Son los técnicos los que trabajan en un informe para aplicar el cambio fiscal, valorando «si se tiene en cuenta las viviendas o si se aplica de forma lineal».

Con la pelota en el tejado de los ayuntamientos y el tiempo corriendo en su contra, el Gobierno de España ha asumido que la subida generalizada de impuestos le acabará afectando de alguna manera, aunque sean los consistorios los que tienen la responsabilidad de pasar el cepillo a los ciudadanos. Por ello, la ministra Montero ha ideado una nueva fórmula que reducirá el aporte económico que hagan los vecinos con la subida de la tasa de basura pero que supone poner en marcha un mecanismo de financiación cuya tramitación había vetado hasta ahora a los gobiernos municipales interesados en la tasa turística. El Estado cobraría una cantidad aún por determinar a los visitantes que iría a parar a la caja común y la subida que los consistorios tienen que aplicar de aquí a abril para hacer frente al coste de los residuos impuesto por Europa sería menor.

La implantación de esta tasa turística por el Gobierno de España da al traste con los planes de los alcaldes de los principales municipios que ya habían mostrado su interés por cobrar un pequeño tributo a los visitantes que recalaban en sus ciudades. Uno de los que se han manifestado abiertamente a favor de esta posibilidad ha sido el primer edil de Sevilla, José Luis Sanz, que ha venido defendiendo desde hace meses la necesidad de que los millones de turistas que cada año llegan a la capital hispalense contribuyan de algo modo al sostenimiento de los servicios públicos de los que también hacen uso. La realidad es que la propuesta de la ministra Montero da al traste con estas expectativas, pues sería difícil de articular un doble impuesto que gravara el mismo fin, en este caso los alojamientos. Por tanto, si como pretende el Gobierno de España el dinero recaudado va a parar al pago de los costes por la gestión de residuos, las ciudades que más aporten por contar con una cifra mayor de viajeros no recibirían ni un sólo euro por su presencia.

Sanz se ha topado desde el primer momento con la negativa por parte de las administraciones a la tasa turística. No ha encontrado el respaldo para ello ni siquiera de la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP, donde el consejero del ramo, Arturo Bernal, se ha mostrado siempre contrario a este tributo. Tampoco el Gobierno de España ha bendecido su idea, oponiéndose además a la propuesta del alcalde de cerrar la Plaza de España y de cobrar una entrada de tres o cuatro euros a los turistas para financiar el proyecto de reforma del legado de la Exposición Iberoamericana de 1929, que está a punto de cumplir su primer centenario. Tampoco tuvo mejor suerte la propuesta para recibir parte del IVA generado por el turismo, creando una especie de cupo catalán pero a la sevillana que generó indiferencia en Montero. Nadie sabe aún cuánto recaudaría el Gobierno con la tasa turística, aunque el alcalde sí tenía claro en que lo invertiría: la conservación del patrimonio, el refuerzo de los servicios públicos y la financiación de obras en los barrios. Una vía que parece cerrarse ahora definitivamente.