La Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de cárcel al excontable de Lipasam por llevar un millón de euros por su ludopatía
La representante del Ministerio Público lo acusa de un delito continuado de malversación en concurso medial de un delito de falsedad de documento mercantil; el investigado, que será juzgado por un jurado popular, ha reconocido los hechos
Las peticiones de cárcel de Lipasam y del grupo municipal de Vox por el fraude en la empresa pública de limpieza
El que fuera contable de la empresa pública de limpieza de Sevilla, Manuel M.G., será juzgado por un tribunal popular en la Audiencia de Sevilla por apropiarse de más de un millón de euros de los fondos públicos por su ludopatía. Aún no hay fecha para la vista oral. Lo que sí sabe el acusado es la petición de cárcel a la que se enfrenta. La Fiscalía, como la acusación del grupo municipal de Vox, solicita cuatro años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito de falsedad de documento mercantil.
Manuel M.G., al menos desde el año 2008 hasta diciembre de 2019, logró transferir a su cuenta bancaria un total de 1.033.805,82 euros procedentes de los fondos de Lipasam. Y lo hizo aprovechándose del cargo que ostentaba en la empresa municipal de jefe de servicio económico financiero.
El 'modus operandi' desarrollado durante años por el excontable era «indetectable», así lo confirmaron los dirigentes de la empresa que fueron llamados a declarar como testigos. Para ello, el acusado, generaba un apunte contable falso en el sistema (SAP) creando un concepto económico ficticio que no correspondía a factura alguna a favor de un proveedor real que se hallaba dado de alta en el sistema y al emitir la orden de pago al referido proveedor cambiaba puntualmente el número de cuenta que pertenecía al proveedor por el suyo propio, y una vez realizada la transferencia restauraba en el sistema el número de cuenta del referido proveedor. El propio acusado señaló ante el juez que se aprovechó «una grieta» del sistema.
De esta manera, desde el año 2008 hasta el mes de diciembre de 2019 realizó sucesivas transferencias a sus cuentas bancarias valiéndose del mecanismo anteriormente expuesto, logrando apoderarse de un total de 1.033.805,82 euros.
La queja de un proveedor
En ese mes de diciembre saltaban las alarmas. Uno de los proveedores de Lipasam reclamó el impago de una factura de 1,3 millones de euros. El acusado explicó que había un error material en la transferencia y devolvió el dinero. Pero la empresa municipal no se quedó conforme con dichas explicaciones e inició una investigación para conocer si en el sistema de gestión había más órdenes de pago a la cuenta personal del acusado.
Fue entonces cuando se detectó que Manuel M.G. se había transferido 1.033.805,82 euros de los fondos de la empresa pública a cuentas gananciales de su titularidad y su esposa, a la que Vox y la empresa municipal acusan como partícipe a título lucrativo y le reclaman que indemnicen solidariamente a Lipasam.
El 17 de diciembre de 2019, días después de ser descubierto, el acusado presenta un escrito de su puño y letra donde reconoce los hechos anteriormente descritos, asumiendo su culpabilidad exclusiva y solicitando su baja de la empresa. Primero admitió haberse llevado 422.623 euros y después el resto.
En sede judicial, el investigado, que ya ha consignado en sede judicial en concepto de reparación del daño 148.000 euros, también ha reconocido los hechos, según detalla la Fiscalía en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC.
Las atenuantes
El Ministerio Público indica que el acusado cometió los hechos a causa de «su grave adicción al juego», reconocida en un informe pericial: «la adicción al juego es el elemento central y causal que sitúa al paciente en estado mental, anímico y emocional de cometer actos antinormativos, actuando de modo irracional y empleando dichos ingresos ilícitos para destinarlos al juego patológico que padecía».
Para la Fiscalía en el acusado concurren las atenuantes de reparación del daño, la analógica de confesión y la ludopatía, por lo que solicita para él cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta por plazo de ocho años. Además, exige que indemnice a Lipasam en la cantidad de 1.033.805,82 euros, más intereses. El Ministerio Público, a diferencia de Vox y Lipasam, no acusa a la mujer como partícipe a título lucrativo y la excluye de todos los hechos.
Entre los testigos que piden las acusaciones que sean llamados a la vista oral, están la exgerente de Lipasam Virginia Pividal o Juan Espadas, el secretario general del PSOE-A era presidente de la comisión ejecutiva de la empresa municipal cuando ostentaba la Alcaldía de la capital. Además, la Fiscalía pide llamar a declarar como testigo al concejal socialista David Guevara.
El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, que ha llevado el caso, ha citado a las partes el próximo día 10 de marzo a las diez de la mañana para audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.
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