La Fiscalía de Sevilla alerta de fraudes en el reciclaje: de Alcalá a Nigeria para tirar ilegalmente los restos de frigoríficos

La legislación española carga al productor de un electrodomésticos la gestión de estos aparatos al final de su vida útil. Es decir, cuando un consumidor adquiere un frigorífico, por ejemplo, en el importe que abona va incluido una cantidad destinada a dicho tratamiento medioambientales. Aquí entra en juego los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por los fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) cuyo objetivo es canalizar la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El productor abona esa tasa a una Scrap que la reparte entre las empresas que se dedican al tratamiento medioambiental de este tipo de objetos. Siguiendo con el ejemplo del frigorífico, estos aparatos contienen gases y aceites altamente contaminantes.

Es en ese punto donde algunas de estas empresas se salen del circuito legal para negociar con esos aparatos, teniendo un enriquecimiento ilícito. Trasladan esos residuos de forma ilegal a otros países donde son despiezados por mafias internacionales buscando el hierro y el cobre. Lo que no interesa acaba enterrado en un paraje natural.

Ante este panorama, la Fiscalía celebra las dos últimas sentencias que se han dado en los juzgados de Sevilla. en la primera de ellas, por conformidad del acusado, se le impone seis meses de multa a razón de doce euros diarios por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Como responsabilidad civil deberá abonar los gastos de retirada, transporte y tratamiento adecuado de los residuos peligroso.

El acusado, administrador único de dos empresas radicadas en Sevilla, el 15 de julio de 2020 estaba llevando a cabo una operación no autorizada de exportación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con destino a Pakistán. En dos contenedores transportaba 2.778 compresores o motores de frigoríficos sin descontaminar. Pesaba 25 toneladas. Todo ello de forma clandestina y sin pedir la autorización preceptiva al Ministerio de Transición Ecológica, ni llevar la documentación necesaria.

Los remolques fueron interceptados por la Guardia Civil. Uno cuando aún no había salido del polígono industrial de Sevilla donde estaban la empresa. El otro cuando ya iba camino del puerto de Algeciras. Las emisiones de gases que podrían producirse por la falta de un tratamiento adecuado a estos residuos «tendrían capacidad destruir ozono estratosférico, que estimados tanto cualitativamente como cuantitativamente, podrían producir daños al ecosistema, que no han sido exactamente determinados».

Precisamente, la fiscal delegada de Medio Ambiente en Sevilla, Yolanda Ortiz, o el inspector jefe Eduardo Mercadilla, jefe de Sección de Incidencias Operativas de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, subrayan la importancia de contar en la investigación de delitos contra el medio ambiente con un informe que cuantifique el daño a la naturaleza. Esto mismo trasladan a este periódico desde el Seprona.

En la segunda sentencia, la Audiencia de Sevilla condena, también por conformidad de los dos acusados, de origen nigeriano, a estos dos individuos por unos hechos similares al empresario sevillanos antes citado. En este caso, estaban usando dos naves de un polígono de Alcalá de Guadaíra para hacer acopio de residuos: compresores de frigoríficos, pequeños electrodomésticos, bombonas y vehículos fuera de uso, que adquirían en chatarras y puntos limpios.

El siguiente paso era exportarlo a su país sin tratamiento previo para su descontaminación, sin medidas de seguridad y vertiendo los aceites contaminantes. Usaban grandes contenedores para su transporte marítimo desde Algeciras hasta el continente africano. Los agentes de la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM) de la Policía Adscrita y de la Unidad de Vigilancia Aduanera abrieron cuatro contenedores en el puerto: más de treinta toneladas de residuos con compresores, pantallas planas, bombonas,...

Pero llamaba la atención que el contenido declarado por los dos acusados ante la autoridad aduanera y el real no coincidía. Ellos decían transportar ropa, enseres personales, calzado, juguetes, menaje del hogar...

Los agentes de la Unidad Adscrita inspeccionó las dos naves que tenían en un polígono de Alcalá. Allí había más residuos, destacando centenares de bombonas de distintas compañías. Los propietarios de los envases son las compañías gasistas, pero se desconoce cómo los dos acusados, que carecían de autorización como gestores de residuos, tenían tales cantidades. En octubre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá de Guadaíra ordenó la destrucción de todo este material previa descontaminación, y la devolución de los envases de bombonas a las empresas propietarias.

El inspector jefe Eduardo Mercadilla alerta del crecimiento «exponencial» de estos casos y alerta de la participación en los hechos de organizaciones criminales internacionales, que en países como Nigeria o Pakistán «canibalizan» los aparatos, despiezándolos contraviniendo la normativa, emitiendo gases nocivos a la atmósfera o los aceites. «Un hecho delictivo que parte en España y concluye en Nigeria».

El hecho de que se detecten conexiones internacionales entre los investigados en España y las mafias extranjeras dificultan las labores de los cuerpos policiales, se hacen más complejas. Al delito contra el medio ambiente, se añade otro fiscal, pues las empresas españolas no rinden cuentan a Hacienda de su actividad, y un probable delito económico. Además, se han actuaciones cercanas a la receptación, vinculadas al acopio de las bombonas.