Los enganches eléctricos, la mancha de aceite que se extiende por Sevilla
Hasta mayo se inspeccionaron 800 suministros en La Plata, Polígono Sur y Palmete, el 46% eran fraude; en su mayoría esconden plantaciones de marihuana
El fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana ha aumentado un 30 por ciento en Sevilla
La Memoria de la Fiscalía de Andalucía del año 2022 reflejaba la situación existente en la ciudad de Granada y su área metropolitana con la producción de marihuana, lo que deviene en un grave problema eléctrico. Y Sevilla va camino de emular este negro panorama. Como si de una mancha de aceite se tratase, la capital andaluza ve como se extiende por más barrios los enganches ilegales, muchos de ellos para abastecer de electricidad las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas. Esto ha llevado a Endesa a tener que actuar, con inversiones millonarias, en barrios como el Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío o La Plata, para garantizar el suministro eléctrico. En otras zonas de la ciudad, como Los Pajaritos o el Polígono Norte, donde el cultivo de marihuana también existe, la red, de momento, aguanta.
A pesar de que Sevilla, con 3.200 centros de transformación, es una ciudad que cuenta con una red con más capacidad de la necesaria, el año pasado la compañía eléctrico anunció doce nuevas instalaciones de este tipo, nueve de ellos en barrios afectados por la sobrecarga de la red, que ya están en funcionamiento. Pueden dan servicio de media a 1.200 familias, cada uno.
En Padre Pío-Palmete se han instalado dos centros en las calles Rafael García Minguel y Bollullos; en Torreblanca, otros tres en las calles Marinaleda, Nogal (junto al barrio del Platanero) y Los Molares; en La Plata, en las calles La Algaba con Cicerón y Carmen Vendrell; el octavo se ha instalado en la barriada de la Oliva y el noveno junto a la Ronda de Tamarguillo, para asistir a las Moradas.
Confían en que estas inversiones en infraestructuras sean la solución, aunque fuentes de la compañía esperan a la segunda quincena de junio y primera de julio como la prueba de fuego, y que no se inicien ya los problemas por sobrecarga.
No obstante, el problema no está en la falta de carga de la red, sino en la expansión sin freno de los enganches ilegales, unos para un fraude doméstico y otros, en gran parte, para abastecer a las redes de narcopisos. Una plantación de marihuana consume como 80 viviendas. Y lo hace 24 horas y 365 días.
La factura la pagamos todos
En Sevilla, el 57% de las incidencias en la red se registran en 39 centros de transformación, que se concentran en los cinco barrios antes citados, donde sólo el 57% de los 15.503 suministros de esos casi cuarenta centros tienen contrato en vigor. Otro dato: la diferencia entre la potencia de electricidad que circula por los transformadores que dan servicio a estas zonas de Sevilla y la que miden los contadores de las viviendas con contrato es 3,54 veces mayor. La realidad de los enganches.
Las consecuencias de la sobrecarga de la red la pagan, nunca mejor dicho, los vecinos. Cada vez que se funde un fusible (hay días que en estas zonas se funden hasta diez) tienen que esperar mínimo dos horas para recuperar la luz; los riesgos de incendios; problemas de seguridad; y, sobre todo, la parte económica, ya que la energía que se consume (aunque sea de forma ilegal) se está tomando de la red.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «lo que una persona defrauda repercute directamente en los bolsillos del resto de ciudadanos, llegando a un incremento anual de la factura de casi 150 millones el pasado año».
Esta misma semana, vecinos del Polígono Sur llevaban a la Fiscalía los cortes de luz, apuntando directamente a la compañía, que ha invertido 2,5 millones en esta zona en 2022. La portavoz de los 18 vecinos firmantes del escrito registrado en el Ministerio Público no quería saber nada de las explicaciones que da la empresa a los «apagones» de luz, el fraude doméstico y la marihuana, sólo que Endesa cumpla con los contratos. Un dato, la inversión media de la compañía por cliente en estos barrios sobrecargados es de 133 euros al año, mientras en Nervión o Los Remedios es de 24 euros al año.
Las medidas de la compañía para corregir este conflicto, que va más allá de una mera cuestión eléctrica, no sólo pasan por el incremento de las inversiones para mejorar la red y aumentar su capacidad, sino que también se ha intensificado las inspecciones y controles para detectar el fraude.
Amenazas y coacciones
Para tal propósito Endesa cuenta con la máxima colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que los operarios encargados de estas rondas de inspecciones han sufrido amenazas y coacciones de algunos vecinos durante su trabajo. Algunos de estos trabajados cuentan cómo en su primer servicio fueron recibidos con un cuchillo jamonero.
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En 2022, se llevaron a cabo más de 40.000 inspecciones en toda la provincia de Sevilla. El resultado es que el 27% eran un fraude. En lo que llevamos de año, los técnicos han realizado casi 4.000 revisiones con un 25% de fraude detectado. Además, se han llevado a cabo siete operaciones junto a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local con 269 cortes de lunes.
Desde 24 de enero hasta el pasado 29 de mayo, Endesa ha realizado trece inspecciones en La Plata, Tres Mil Viviendas, Palmete y Las Letanías. se han inspeccionado 798 suministros, de los que 374 eran enganches, esto es, el 46% era un fraude. Por ejemplo, el 24 de enero, se inspeccionaron 34 suministros en La Plata, de los 26 eran enganches. El 15 de febrero los técnicos de Endesa actuaron en las Tres Mil Viviendas, inspeccionaron 65 suministros, de los que el 86% eran ilegales. Este porcentaje alcanzó el 98,4 en la misma zona en una inspección nueve días después.
Lo más frustrante para los operarios de la compañía es que cuando proceden a cortar la luz ante los casos de manipulación y sabotaje de la red, esta situación dura muy poco. Los mismos defraudadores vuelven a actuar y establecer el sistema ilegal, contando para ello con verdaderos expertos en electricidad, pues usan métodos muy sofisticados para el engaño. En el Polígono Sur llegaron a detectar un enganche directamente en el centro de transformación, donde la media tensión se «transforma» en baja tensión para que llegue a las casas. Manipular estas instalaciones suponen un peligro muy alto para las personas.
Una legislación laxa
Endesa, las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son conscientes de lo se que esconden detrás de la mayoría de los casos de enganches ilegales: los cultivos de marihuana. Aunque también están el fraude doméstico y desde la compañía apuntan una tercera causa, aunque aún no está en auge en Sevilla, las granjas de criptomoneda.
Para combatir la proliferación del cultivos 'indoor' cuentan con el apoyo policial, pero en Endesa ponen el foco en un gran hándicap al que se enfrentan para luchar contra el fraude eléctrico y es que el Código Penal contempla penas muy laxas para los delitos de defraudación de fluido eléctrico y cultivo de marihuana. Sobre todo, si se compara con los castigos que se pueden llegar a imponer en otros países.
El artículo 255 del Código Penal, sobre el delito de fraude eléctrico, señala que la pena de multa irá de tres a doce meses, pero si no excede la cuantía defrauda de 400 euros, no podrá superar los tres meses de multa. Es evidente que no existe un carácter disuasorio. Tanto es así que los técnicos de Endesa cuando cortan la luz por un enganche ilegal saben que a los pocos minutos los defraudadores volverán a manipular la red y a restablecer la conexión ilegal.
En Alemania, por ejemplo, está establecida una pena de cárcel de hasta cinco años por el fraude eléctrico; en Italia se equipara con el hurto y el castigo podría ser hasta tres años de prisión; y en Francia, cuyo delito se asimila al robo, tiene una pena de tres años de cárcel y una multa de 45.000 euros.
En Endesa, a pesar de la importante inversión hecha en estos barrios para atajar la sobrecarga de la red, son conscientes de que la solución a este problema estructural hay que ir de la mano de administraciones, entidades sociales y los propios vecinos porque el objetivo es claro: erradicar el cultivo ilegal de marihuana. Y para ello, hay que endurecer las penas para evitar la reincidencia en estas actuaciones.
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