Los últimos tiroteos más graves en las Tres Mil Viviendas de Sevilla: cuatro muertos en una década, entre ellos una niña

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se posicionó el pasado martes y fue directo, el problema de las Tres Mil, nunca generalizó en el Polígono Sur, es una cuestión de seguridad, y señaló directamente al Ministerio del Interior y los refuerzos policiales en la zona. Ayer, el consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se sumó a las tesis municipales, asegurando que el último enfrentamiento entre clanes debe atajarse como «un problema de seguridad».

Bien distinta es la visión que hacen desde el Gobierno, en palabras del subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, y el exalcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. Para el primero, el problema de las Tres Mil Viviendas no es de seguridad. Muñoz se alineó con el análisis de la Administración central y acusó a Sanz de, «en vez de actuar con la suficiente rapidez y diligencia, limitarse a enviar otra cartita al Gobierno para confrontar y ordenó cesar los servicios públicos, pagando así justos por pecadores, y la coordinación entre las jefaturas de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, cuando la situación exige estar más coordinados que nunca».

Además, Muñoz criticó la falta de liderazgo del alcalde y le reprochó «su forma de gobernar: ante un problema, la culpa siempre es de los demás». Calificó de «irresponsabilidad impropia de un alcalde» haber ordenado a Lipasam, Tussam y Policía Local que dejaran de prestar los servicios de competencia municipal en algunos barrios del Polígono Sur, lo que el alcalde nunca manifestó.

Sin embargo, lo que hizo Muñoz fue tergiversar las palabras de Sanz, que nunca puso en duda la prestación de servicios públicos de Lipasam y Tussam en el Polígono Sur, sino que precisó que el trabajo en dos zonas «concretas», así lo dijo literalmente, de las Tres Mil, refiriéndose a las barriadas Murillo y Martínez Montañés, conocida como Las Vegas, tiene que hacerse acompañado de la presencia de la Policía Nacional. Hasta ahora lo hace con la Local. El sindicato mayoritario Jupol, en esta línea, ya exigen más medios para volver a entrar en esta zona ante el uso de armas de guerras de los delincuentes.

La apuesta del alcalde por una solución basada en mayor despliegue policial para garantizar la seguridad la hizo suya ayer Antonio Sanz, quien también miró también para el Ministerio del Interior, al que pidió «medidas urgentes para garantizar la seguridad y que no se pierda el principio del imperio de la ley», así como para «evitar estos tipos de acontecimientos que generan pánico y sensación de inseguridad». Y esto se traduce en «una ampliación de medios y de efectivos» policiales, pero «con dotación de material, con los medios suficientes como para poder defenderse» y actuar contra la delincuencia.

Al final el tiroteo entre clanes en las Tres Mil Viviendas ha abierto un nuevo enfrentamiento entre administraciones, que ayer se hizo latente, aunque la cuestión en materia de seguridad en Sevilla viene de lejos, pues el alcalde viene reclamando desde su investidura cuatrocientos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que hacen falta, cifras que desmintió el propio Fernando Grande-Marlaska en la capital andaluza durante la celebración del día de los patrones de la Policía Nacional

Ayer, el subdelegado del Gobierno, en una rueda de prensa casi en paralelo a la que estaba haciendo una portavoz policial 'in situ' en mitad de la redada, aportó la visión del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la situación problemática de las Tres Mil. Aseguró que circunscribir la realidad del Polígono Sur a un problema de seguridad «es equivocarnos». Lo más llamativo de su declaración, como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en Sevilla, es que reconoció que «dentro de unos meses, volveremos a hablar de un hecho desgraciado como el del pasado sábado y volveremos a la casilla de salida».

El subdelegado apostó por la aplicación de políticas de vivienda, urbanísticas, acciones de empleo y el desarrollo íntegro del Polígono Sur para subsanar este hecho. Acciones que no se niegan desde ninguna administración pública, pero que no serán efectivas mientras se sigan sucediendo enfrentamientos violentos, como el tiroteo producido el pasado fin de semana, y perviva la criminalidad, no precisamente asociada a la pobreza, en uno de los barrios de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas.

Este enfrentamiento entre administraciones deja en evidencia que el Gobierno quiere poner el foco en las carencias sociales de esta zona degradada de la ciudad para desviar la atención de la presión mediática, en esta ocasión con alcance nacional, y vecinal tras el último tiroteo, que pone de manifiesto la falta de presencia policial en las Tres Mil Viviendas, tomada por los clanes de las drogas, lo que se traduce en un incremento de la violencia.

Además, una simple relación histórica de los tiroteos más graves, los que dejaron víctimas y heridos, en las Tres Mil refuerza la conclusión de que es un problema de seguridad. El 28 de diciembre de 2004 murió un hombre de 53 años y cinco personas resultaron heridos, entre ellos dos policías nacionales en las 624 viviendas (Las Vegas); el 21 agosto de 2013 una niña murió durante un tiroteo entre clanes Los Perla y Los Marianos en calle Rafael Pérez del Álamo; el 21 octubre 2017 murió un hombre por disparo de escopeta en calle Utopía; el 11 mayo de 2023, un tiroteo dejo varios heridos en la calle Tierra de Rastrojos; y el 3 de junio de 2024 hubo dos muertos y varios heridos en la avenida Victoria Domínguez Cerrato. La hipótesis del Gobierno de que es una problemática social y no de seguridad se desvanece si se compara con otros barrios de la ciudad incluidos entre los más pobres de España, que no registran tal nivel de violencia.