La Diputación de Sevilla contrata a un exalcalde del PSOE condenado e inhabilitado
José Castro Jaime, exregidor de Villanueva del Ariscal, es el nuevo secretario de Empleo Público
![José Castro Jaime](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/sevilla/2024/02/20/castroderecha-RZicwVcnY0qWYVWZhvrCCRJ-1200x840@diario_abc.jpg)
La Diputación de Sevilla ha nombrado al que fuera alcalde de Villanueva del Ariscal, José Castro Jaime, secretario del Área de Empleado Público apenas unos meses después de que el Juzgado número 4 de Sanlúcar la Mayor haya iniciado una nueva investigación en la ... que le acusa de «prevaricación administrativa» y tras haber sido condenado en el año 2017 a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
En el auto más reciente, con fecha de 15 de noviembre del año 2023, y conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal, se le acusa como «autor del delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», además de «cooperador necesario del delito continuado de malversación de caudales públicos».
En el escrito del fiscal, y tras la denuncia realizada por el actual alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, Martín Torres Castro, se establece, entre otros puntos, que desde el año 2007 y hasta 2015, que son los periodos que han sido objeto de investigación por la Policía Judicial, «no consta que se haya producido prácticamente ingreso alguno de dinero en las arcas municipales procedente del pago de los ciudadanos a los coordinadores» de las distintas actividades deportivas, encargándose los propios coordinadores de recoger el dinero en mano. El daño, y según la Policía Judicial, también recogido en el informe de la Fiscalía, «arroja unos ingresos anuales por este concepto de unos 50.000 euros».
En la denuncia, igualmente, se recoge que «entre los años 2007 al 2015 existieron gastos sufragados por la Corporación derivados de la gestión del Área de Deportes -mantenimiento de instalaciones, material deportivo, monitor, etc- y ello sin contar los gastos de electricidad, agua y seguros que se abonan globalmente por el Ayuntamiento», subrayando también que los pagos de los ciudadanos por las tasas, cuando no se hacían en mayo, se llevaban a cabo con dos cuentas corrientes que no tenían que ver con el propio Ayuntamiento.
La investigación que se ha iniciado recientemente en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, sin embargo, no ha sido ápice para que desde la Presidencia de la Diputación, y con un escrito que dirige el Director General del Empleado Público, se haya solicitado que se proceda el nombramiento como personal eventual de José Castro Jaime «con las retribuciones propias de la mencionada plaza y puesto y en régimen de dedicación plena«, además de informarse que será efectiva la toma de posesión el día 2 de abril.
No es la primera vez que José Castro Jaime tiene problemas con la justicia, dado que en el año 2017, el exalcalde de Villanueva y cuatro concejales de la anterior corporación municipal llegaron a ser condenados a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al no cumplir una sentencia anterior que les ordenaba demoler una urbanización en esa localidad. Castro Jaime había dejado la Alcaldía tras las elecciones anteriores, pero seguía ocupando un cargo, ya que en julio de 2015 fue nombrado asesor del grupo socialista de la Diputación provincial de Sevilla en régimen de dedicación plena con unas retribuciones anuales de 40.758 euros, según constaba entonces en el boletín oficial de la provincia de Sevilla.
La sentencia, firmada por un juzgado de lo penal de Sevilla el 31 de enero de 2017, condenó a Castro, a Juan Curado, Santiago Pineda, María Dolores Bravo y Wenceslao Pinto, todos ellos miembros de la anterior corporación por un delito de prevaricación porque consideraba que todos ellos «dictaron resoluciones administrativas arbitrarias a sabiendas». El fallo consideró además que el exalcalde había «tenido plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto» además de que lo hizo «con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado».
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