Hasta cuatro años de retrasos en los juzgados de Sevilla para dictar sentencias

Son los juzgados de Primera Instancia, concretamente el número 20, los que sufren las mayores demoras. Y, aunque la media general es de unos tres o cuatro meses en dar por concluidos los pleitos, hay preocupación entre los abogados por la deriva, sobre todo en lo Social y en lo Civil. En el caso de estos últimos, las dilaciones se producen hasta a la hora de incoar las demandas y, en lo Social, la tardanza está en los señalamientos, con más de un año.

Este barómetro presentado por el Colegio de Abogados no difiere de la percepción que tienen otros colectivos como los propios jueces. La nueva decana, Reyes Vila,ya calificó en ABC como «demencial» que se estén señalando juicios en Sevilla para septiembre de 2028. En este caso, Vila lo achacaba a la falta de «muchísimos» jueces y a que «prácticamente todas las plantillas judiciales están infradotadas».

Pero los abogados van más allá. Entre las causas de los retrasos que manifiestan los letrados hay dos 'culpables' a ojos de la mayoría de los letrados: la «ineficacia» de los funcionarios y la ausencia de una ley que regule la agilización de los pleitos en caso de que un juez o magistrado se dé de baja por enfermedad, cuestión que sí está resuelta cuando la causa es por fallecimiento.

Entre los datos que se extraen de la encuesta de los abogados llama la atención el escaso número de colegiados que aplauden la actuación de los funcionarios en todo el proceso. Sólo 8 califican de «muy eficientes» a los trabajadores de los juzgados, mientras que 232 los consideran «eficientes». La mayoría, no obstante, señalan lo «poco eficiente» de su labor (715) y 197 «nada eficiente». Es decir, que casi el 80 por ciento de los abogados denuncian claramente la labor de los funcionarios. Y, en cuanto a la disponibilidad del personal, hay un empate técnico entre quienes piensen que están «casi siempre» y quienes dicen que «ocasionalmente».

El informe, presentado ayer por el decano, Óscar Fernández León junto al diputado Jorge Aguado y la citada María Jesús Gimeno, evidencia, entre sus conclusiones clave, los problemas «estructurales y operativos» de los juzgados, señalado una necesidad urgente de agilizar procesos y mejorar la gestión de casos.

Además, los abogados apuntan dificultades en el acceso a jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia. A esto se suman deficiencias tecnológicas ya que, aunque la plataforma LexNET es ampliamente utilizada, sigue presentando «problemas técnicos y de usabilidad que requieren mejoras urgentes». Ante estos resultados, el colegio propone medidas concretas para mejorar el sistema judicial. Entre ellas se encuentran la necesidad de una mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos para agilizar la justicia.

El barómetro permite, a su vez, dibujar un perfil del abogado sevillano, que en su mayoría ejerce como autónomo y lleva más de dos décadas en el ejercicio de la profesión. Los más activos en este análisis del panorama judicial de la capital han sido los que ejercen en la jurisdicción civil, casi el 60 por ciento de los participantes en la encuesta.