Un controlador aéreo lidera desde Sevilla una protesta contra el sistema de trabajo en el sector

El controlador denunciante, Marcelino Victoria, sostiene que el Ministerio de Fomento, en la época en que José Blanco era su titular, realizó una incorrecta traducción, interpretación e implementación de la norma británica que regula este sector y que fue tomada como modelo por el Gobierno español. Debido a estos errores la carga de trabajo de los profesionales españoles aumentó por encima de las recomendaciones de seguridad de EUROCONTROL sin contar con un aval válido del cumplimiento de la directiva de seguridad y salud laboral de la Unión Europea (Directiva 89/391/CEE), un requisito obligatorio previo a su entrada en vigor. «Además de errores de interpretación el RD 1001 contiene errores de concepto, lo que, en mi opinión, inhabilitan la norma por completo», explica Victoria.

Para su denuncia, Marcelino Victoria activó el botón CSR (Critical Safety Report), una herramienta que la EASA reserva a profesionales europeos de la aviación que quieran notificar una amenaza potencial a la seguridad aérea en sus países. Victoria remitió a la EASA, el organismo encargado de velar por la seguridad del control aéreo en toda Europa, una comparativa de la carga de trabajo y condiciones laborales entre los 150 controladores aéreos de Sevilla, los controladores de Swanwick (Reino Unido) y las recomendaciones europeas de cargas de trabajo máxima para controladores aéreos duales. Su denuncia ha sido respaldada, entre otros, por el sindicato de controladores aéreos Spica.

No es la primera vez que se denuncia esta presunta falta de rigor y sintonía de la norma española con la norma europea. En 2010 el Parlamento europeo ya abrió una investigación al respecto tras una denuncia formulada por una asociación de controladores aéreos llamada ATC Petition. Tras la aplicación de la nueva normativa, presumiblemente mal interpretada e implementada, el número de notificaciones de incidentes aéreos aumentó un 96%, y los cielos del territorio nacional registraron el mayor número de incidentes aéreos de la historia de la aviación civil en Europa. En aquella ocasión, 650 controladores aéreos españoles firmaron una carta de exención de responsabilidades ante un eventual accidente, un hecho sin precedentes en la gestión del tráfico aéreo mundial. Una representación de los controladores, encabezada por Ignacio Ruipérez y Marcelino Victoria, llegó a comparecer ante una comisión de la Eurocámara, pero la investigación no alteró la normativa laboral española, entre otras razones por la falta de colaboración de los diputados socialistas españoles.

Marcelino Victoria retoma ahora esta denuncia al considerar que los defectos en el sistema de trabajo pueden llegar a poner en peligro la seguridad aérea. Para ello aporta datos del sistema FSRMS, implantado en el año 2020 en España por normativa europea. El FSRMS es un sistema de medida de stress y fatiga de los controladores aéreos europeos, concepto este clave, según EUROCONTROL, en la toma de decisiones de los controladores aéreos y la seguridad aérea.

Enaire (antigua AENA) establece un turno básico de 198 servicios de los controladores aéreos en 2023. Al adaptar el sistema británico, las autoridades españolas adaptaron un cómputo basado en el cálculo horario, y no por asistencias, como ocurre en el Reino Unido. La modificación del sistema y la falta de computo correcto de los servicios hace que un controlador español pueda tener programados decenas de servicios adicionales respecto al inglés. ENAIRE ha superado de manera reiterada desde 2010 las cargas de trabajo obligatorias recomendadas por Eurocontrol, agencia europea de control aéreo, que es de un máximo de 176 servicios. «Los servicios médicos urgentes han venido a atender controladores en multitud de ocasiones. Muchas veces, tras la revisión médica, se ha prohibido continuar en su puesto al controlador afectado», revela el controlador aéreo sevillano.

Según EASA, tras realizar una evaluación de los hechos, la denuncia de Victoria debe ser atendida obligatoriamente en primera instancia por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), un organismo independiente creado en base a la normativa aeronáutica europea en España. La paradoja es que AESA está dirigida por la esposa del ex director de AENA. Es decir, que las denuncias contra Juan Ignacio Lema, presidente de AENA en la época en la que se instauraron las condiciones de trabajo presumiblemente irregulares, serán supervisadas por Montserrat Mestres, su esposa. Por ahora AESA ha hecho caso omiso de los más de 420 informes de fatiga y stress que ha recibido del sistema europeo de gestión FSRMS.

En su escrito de respuesta al controlador sevillano y quienes le han apoyado, la Agencia Europea agradece la contribución de los notificadores a la seguridad aérea en Europa y les informa que en caso de no estimar correctas las actuaciones de AESA pueden solicitar de nuevo la actuación de la agencia supervisora europea.

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