El Gobierno de Sánchez olvida a Sevilla otra vez en las ayudas al transporte

Así lo ha reconocido por escrito el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta a la pregunta elevada en el Congreso por los diputados por Sevilla Rafael Belmonte, Juan Bravo, Sol Cruz-Guzmán y Ricardo Tarno, todos 'populares', quienes demandaban al Ejecutivo la información acerca de las subvenciones nominativas que se habían concedido durante el año 2023 para los consorcios regionales de transportes en varias comunidades y capitales como Madrid, Barcelona, Canarias o Valencia. De todas ellas, la Ciudad Condal se llevaba la palma con 149.301.520 euros «para sus necesidades del sistema de transporte terrestre público regular de viajeros».

Desde hace más de veinte años estos cuatro territorios han recibido un total de 6.286 millones de euros, mientras que la capital de Andalucía y cuarta capital de España sigue sin recibir fondos estatales para su consorcio metropolitano de transporte pese a que ronda los 30 millones de viajes anuales. En los últimos tiempos, una de las principales trabas que encontraba Sevilla para acceder a estos fondos era la ausencia de un Plan de Movilidad Sostenible, que finalmente se implementó hace cuatro años. Por lo tanto, no hay un motivo que justifique este desprecio económico del Estado aunque la ministra Raquel Sánchez, antecesora de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, llegó a señalar que «nunca antes Sevilla ha recibido tanta financiación e inversión en transporte público como con este Gobierno presidido por Pedro Sánchez».

La Junta de Andalucía no desiste en la reivindicación de estos fondos para la capital hispalense, cuestión por la que fue preguntada la ministra cuando hace ahora un año visitó Sevilla, sólo unas semanas antes de soltar la cartera ministerial. En aquella ocasión la ministra justificó la falta de fondos para el consorcio metropolitano en que el Gobierno de España ya estaba financiando la línea 3 del metro «que no es de nuestra titularidad ni competencia».

El argumento utilizado por el Gobierno central para negarle más fondos en materia de transportes a Sevilla era su compromiso de aportar 650 millones de euros para cofinanciar con la Junta de Andalucía el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Una limitación que dista con el compromiso mostrado en Cataluña, donde además de los 150 millones de euros anuales para el Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona se ha acordado inyectar 6.300 millones de inversión en Rodalies antes de su traspaso a Cataluña y la licitación por 176 millones de euros de la ampliación y reforma de la estación de Sants.

Para demostrar este agravio y reflejar la necesidad de mejorar el servicio hispalense, la Junta de Andalucía ha venido contratando diversos estudios sobre la movilidad metropolitana de Sevilla, donde se destaca –año 2019– que «el número de viajes realizados con los títulos del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla se situó en 28,5 millones de viajes». Al hilo de esto, el alcalde de Sevilla pidió a los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiar la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la decisión del Gobierno central de excluir un año más a la capital de Andalucía de las ayudas al transporte público metropolitano. Para José Luis Sanz, se trata de un «agravio y un desprecio», toda vez que Sevilla ha perdido unos 400 millones de euros en ayudas estatales en las últimas dos décadas para el Consorcio de Transporte.

Desde Andalucía se exige la equiparación de su Red de Consorcios de Transporte Metropolitano a las Autoridades de Transporte Metropolitanas de Barcelona y Valencia, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Gobierno Canario, en cuanto a las subvenciones al transporte urbano y metropolitano. Desde 1985 hasta la actualidad, la Autoridad de Transporte Metropolitanas de Barcelona y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid han percibido una subvención del Estado al transporte urbano y metropolitano. En 2004 se incorpora al plan discrecional de subvenciones el Gobierno Canario, debido a las necesidades de apoyo parlamentario para la legislatura 2004-2008, y en 2018 se incorporó la Autoridad de Transportes Metropolitana de Valencia. Las aportaciones se determinan en función de la población, con un valor medio de 19 euros por habitante.