sevilla
Asociaciones de jueces ven un «retroceso» el traslado a Palmas Altas y prefieren dejar los juzgados en el Prado y San Bernardo
Como ya hicieran los magistrados de lo Contencioso-administrativo y lo Mercantil de la capital, advierten de las dimensiones de los nuevos despachos: «son tipo celdas»
Así será la cronología del traslado de los juzgados de Sevilla a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas
Las quejas de los jueces para no ir a la Ciudad de la Justicia de Sevilla: sus despachos son pequeños, no hay banderas ni cuadro del Rey...
El sector judicial de Sevilla llevaba décadas reclamando unas sedes judiciales dignas para la capital de Andalucía. En la anterior legislatura del Gobierno andaluz, con PP y Ciudadanos en el ejecutivo, se dieron los pasos definitivos para que el proyecto de Ciudad de la Justicia fuera una realidad en la sede de Abengoa en Palmas Altas. La semana pasada, por fin, se instaló en el primero de los seis edificios el primer órgano judicial. Sin embargo, el rechazo al traslado no arrecia. La semana pasada fueron los jueces de lo Mercantil y lo Contencioso-administrativo de Sevilla y hoy las asociaciones de jueces, quienes consideran «un retroceso» el cambio de ubicación de las sedes judiciales de Sevilla, reivindicando la actual en el eje Prado-San Bernardo.
En un comunicado remitido a los medios por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, estas entidades exponen una serie de condicionantes de este proyecto por los que se posicionan en contra. Consideran, en general, que la nueva sede judicial en Palmas Altas y su acceso «no reúnen las condiciones para ofrecer un servicio público de calidad».
Con respecto a la visita la semana pasada del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, a las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia, las asociación critican que se hiciera «sin la presencia de los máximos representantes de las administraciones judiciales, andaluza y local».
Las secciones andaluzas de las asociaciones judiciales firmantes, tras conocer las instalaciones, trasladan unas quejas en la línea de las manifestadas por la junta de jueces de lo Contencioso-administrativo y de lo Mercantil, que son los primeros que serán trasladados a la nueva sede.
«Sin entrar a cuestionar las decisiones de las administraciones competentes en la elección del lugar o lugares para situar los órganos judiciales de Sevilla, el traslado a Palmas Altas no se ha producido buscando la mejora de la prestación del servicio de Justicia en Sevilla», según las asociaciones de jueces.
En el Prado-San Bernardo, «plena satisfacción»
En este sentido, añaden que, hasta la fecha, se encontraban todas las sedes judiciales «muy cercanas entre sí, en el eje Prado–San Bernardo, funcionando a plena satisfacción de los justiciables y profesionales». Muchas de estas sedes son alquiladas por parte de la Junta de Andalucía.
«La nueva sede va a suponer un grave retroceso», aseguran sobre Palmas Altas. En primer lugar, trasladan su «preocupación» ante las dificultades de acceso al lugar, «no habiéndose ofrecido una solución satisfactoria a la cuestión del transporte a esa zona de expansión de la ciudad que aún no está desarrollada, lo que dificultará extraordinariamente el acceso de trabajadores y, sobre todo, de ciudadanos y, sin duda, acarreará retrasos en trámites, suspensiones de juicios y, en definitiva, inconvenientes para las personas destinatarias del servicio».
Otra vez los despachos
En segundo lugar, el edificio, en su integridad, «no reviste las condiciones mínimas para el desempeño de la actividad judicial». Por ejemplo, señalan que los despachos asignados a los magistrados titulares de los órganos judiciales «son pequeños cubículos tipo celda que no disponen de espacio para la instalación de elementos esenciales en la labor judicial, tales como un armario donde depositar la toga o estanterías para libros o expedientes, o para recibir a profesionales o jueces en prácticas. La Consejería de Justicia explicó hace unos días a este periódico que las dimensiones de los despachos estaban «consensuadas» con los jueces, que las conocían de antemano.
Por su parte, las oficinas judiciales, concebidas como un espacio común, sin separación de los funcionarios de cada juzgado, dificultan la relación entre el personal del juzgado y los titulares de los órganos judiciales con unas mínimas condiciones de privacidad.
Estos inconvenientes ya habían sido trasladados a la administración autonómica en numerosas ocasiones, «con escaso éxito». Aun así, «dado que estamos en los primeros momentos del traslado, en beneficio principalmente de las personas destinatarias y en la búsqueda de un servicio de Justicia de calidad, consideramos que debe replantearse la intervención realizada en el edificio de Palmas Altas».
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