Piden seis millones de euros a la Junta por su actuación en el Caso Dasy

La empresa Render Grasas, cuyos propietarios y cuatro trabajadores están imputados en el juzgado que investiga la presunta contaminación de harinas cárnicas, ha presentado en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta una reclamación de 6,6 millones de euros por responsabilidad patrimonial al impedirle la salida de material de su fábrica de Salteras desde julio a septiembre de 2014, además de inmovilizar el material de varios silos hasta julio de 2015, todo ello a raíz de la inspección girada por la Guardia Civil a esa planta. Render entiende que «el anormal funcionamiento» del servicio de inspección veterinaria de la delegación territorial de esa Consejería en Sevilla le habría provocado lesiones graves en sus bienes y derechos, así como sobre la actividad de esta empresa dedicada a los Subproductos Animales no Destinados a Consumo Humano (Sandach) .

Según la empresa, propiedad de Juan y Luis Cabotá, las inspecciones llevadas a cabo por la Junta en julio de 2014 y el acuerdo sancionador posterior le habrían provocado «un daño considerable». La Junta inmovilizó entonces cautelarmente las salidas de productos de la fábrica de Render en Salteras , tanto de grasas como de harina C3, procedente de despieces de mataderos con destino a piensos de animales de abasto y compañía. Esa inmovilización tenía como fin comprobar la trazabilidad, es decir, el origen de entrada, de los productos desde mayo de 2014. Ahora, la compañía dice que la Junta no fundamentó en el plazo legal su medida, ni explicó las razones de urgencia o necesidad ni la existencia de un riesgo inmediato de aparición o propagación de alguna enfermedad, así como la existencia de un riesgo cierto o grave para la salud pública o animal.

Esa inmovilización de los productos impidió toda salida de grasas y harina C3 durante dos meses, «volviéndose arbitraria y muy dañosa» -argumenta Render- porque excedía del motivo inicial de la actuación administrativa, que era controlar los productos procedentes de otra empresa denominada Dasy, con sede en Osuna.

Según Render, los inspectores sospechaban que algunos subproductos que había en tanques de Render procedían de la planta C1 de Dasy, a donde llegaban los cadáveres de animales enfermos , subproductos que según la Ley deben ser eliminados y no usados para hacer harinas o grasas cárnicas destinadas a piensos. Sin embargo, Render dice que la Junta mantuvo la inmovilización hasta julio de 2015 de los productos de varios silos a pesar de que quedó demostrado que no procedían de animales enfermos y los análisis de ADN confirmaron la ausencia de perros, gato, ovino y caprinos en sus harinas y grasas.