La «emergencia social» y cumplir con los socios, primeros deberes de Espadas

E. BARBA

15/06/2015
Actualizado a las 14:10h.

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El Gobierno municipal que acaba de empezar a funcionar en Sevilla capital, liderado por el socialista Juan Espadas, tiene por delante la compleja misión —al menos en teoría— de satisfacer no sólo las demandas de su propio electorado sino también de los dos partidos con los que ha firmado un acuerdo de investidura, a los que deberá responder con las medidas incluidas en los documentos suscritos con unos y otros. Si no lo hace, la gobernabilidad será inviable. Esas dos formaciones (Participa e IU) no han parado de recordarle al nuevo regidor que «todo lo que no esté dentro del marco acordado» no tendrá el apoyo necesario. Ese «marco» impone el cronograma de Espadas y refleja muy a las claras cuáles son las prioridades más inmediatas para el equipo de gobierno, que deberá afrontar en las próximas semanas medidas de cierto calado a toda velocidad para no erosionar la confianza de los «socios». De hecho, prácticamente lo primero que hace esta semana el alcalde es reunirse con los representantes de comunistas y podemistas para empezar sentar las bases de esas primeras medidas, vinculadas a lo que esos dos partidos han venido a llamar como «emergencia social» en Sevilla.

Según el acuerdo rubricado con Podemos e IU, el Gobierno municipal se ha comprometido a aprobar en los cien primeros días de mandato lo que han denominado Plan Municipal por el Derecho a la Vivienda Digna, que debe incluir una «estrategia antidesahucios», pautas a seguir en la negociación con entidades bancarias y destacar «la función social de la vivienda pública». Además, se debe suspender cualquier procedimiento de desahucio en viviendas municipales y renegociar las condiciones de uso de éstas, especialmente en los casos en que las familias demuestren que viven en una situación económicamente delicada. Por otro lado, se darán instrucciones a la Policía Local para negar la colaboración en la ejecución de desahucios, lo que puede generar un verdadero problema de legalidad. De hecho, se pretende abrir una negociación con los Juzgados de Sevilla para tratar el asunto. Por si esto fuera poco, de aquí a final de año deben estar ocupadas todas las viviendas de Emvisesa, con lo que se deberá concretar en los próximos días un inventario —si es que no lo hay ya— de las casas vacías de las viviendas vacantes, un plan de uso temporal de las desocupadas y la recalificación a alquiler de los pisos en venta.

El PSOE se ha comprometido a no cobrar las nuevas contrataciones en el suministro de agua y a no girar facturas durante un año a las familias y personas «sin recursos suficientes», algo que acreditarán los servicios sociales comunitarios. Los criterios se estudiarán en un máximo de 60 días, aseguran. El Ayuntamiento, además, va a costear las facturas de electricidad y gas —que llevan compañías privadas— de las familias que acrediten que no dispongan de recursos suficientes. Ese «suministro básico» se pagará desde las arcas públicas dotando de fondos —quitando de otras partidas— la partida de «emergencia social». Por otro lado, se pretende ampliar las plazas del albergue municipal para las personas sin hogar. Se empezará a estudiar la incorporación al Presupuesto 2016 de «recursos económicos suficientes» para dar respuesta a «todas esas demanda sociales».

Junto a la vivienda, el otro gran capítulo a acometer antes que nada es el del empleo. Empleo municipal, se entiende. Hoy mismo mantiene Espadas su primera reunión como regidor y lo hace con los sindicatos municipales, todo un símbolo. Tras los compromisos con sus socios, que consideran que existen «necesidades urgentes de plantilla» en el Ayuntamiento, en los próximos días se debe completar un estudio al respecto conjuntamente con los sindicatos municipales por imperativo de las dos formaciones que han apoyado a Espadas. En unas semanas se deben reactivar las convocatorias de promoción internas y se deben refrendar acuerdos que permitan «recuperar progresivamente durante el mandato el 20% de plantilla no cubierta». En 60 días deberá convocarse el grupo de trabajo Ayuntamiento-Junta de Andalucía, además, para firmar acuerdos que permitan «recuperar todo el empleo perdido entre 2011 y 2014» en puntos de información a la mujer y en servicios sociales. Curiosamente, en los acuerdos a tres bandas los dos socios prácticamente sólo han incidido en el empleo público o en coberturas para personas sin empleo o en riesgo de exclusión, pero apenas se ha mencionado el contacto con el sector empresarial para mejorar los datos de desempleo. Ahí es donde volcará muchos esfuerzos durante las primeras semanas de mandato el área de Economía, que tendrá que «compensar» para que el Gobierno local no pierda crédito ante empresarios e inversores. Difícil juego de equilibrios para Espadas.

Uno de los ámbitos donde el PSOE tendrá que pisar el acelerador es en lo referente «libertades públicas» por exigencias de Podemos e IU. Y ahí pueden saltar chispas. En estos días debe elaborarse un inventario de edificios municipales vacíos para «ponerlos inmediatamente a disposición de las asociaciones y colectivos ciudadanos mediante convocatoria pública». Muchas entidades vinculadas a esas dos formaciones andan ya con la caña de pescar. Por otro lado, el equipo de gobierno va a ponerse a rediseñar el papel de la Policía Local. Y ojo, porque podemistas y comunistas reclaman «adecuar las competencias en materia de orden público, asegurando las recomendaciones de organismos internacionales para la protección de los derechos humanos». Además, debe modificarse en las próximas semanas la Junta Local de Seguridad para que en ella tengan presencia «asociaciones, movimientos sociales y vecinales». A Juan Carlos Cabrera le espera una tarea compleja como delegado del ramo.

Como todo gobernante que se precie, Espadas necesitará tirar también de algún golpe de efecto durante los compases iniciales de mandato que permitan a los ciudadanos identificar con claridad que se rompe con lo anterior, que hay un sello propio. Denominación de origen de la política española. Así, en los próximos días se estudiará la eliminación de la zona azul que implantó el anterior alcalde en nuevas calles, una ampliación que generó polémica y que Espadas prometió rectificar. Esta derogación, que se hará efectiva «cuanto antes», puede generarle al nuevo gabinete problemas legales con la concesionaria, Aussa, pues el contrato delimita el número de plazas sujetas a cobro con claridad y el compromiso municipal está firmado.

La «emergencia social» y cumplir con los socios, primeros deberes de Espadas

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