salud pública
La Fiscalía pide que el caso de las harinas cárnicas pase a la Audiencia Nacional
El juzgado de Instrucción 1 de Osuna investiga ahora a varias empresas de Sevilla, Huelva, Badajoz, Murcia, Madrid o Jaén
La Fiscalía de Sevilla ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de Osuna que se inhiba en el caso de las harinas cárnicas contaminadas y lo envíe a los juzgados centrales de Instrucción, es decir, a la Audiencia Nacional, por entender que las investigaciones sobre presuntos delitos contra la salud abarcan provincias como Sevilla, Badajoz, Huelva, Murcia o Lérida, sin olvidar que varias de las empresas implicadas exportaron productos a Vietnam, Bélgica o Suiza, según ha podido saber ABC en fuentes judiciales. El citado juzgado, que investiga si se usaron cadáveres de animales enfermos para hacer piensos para vacas y cerdos, así como si se desviaron a consumo humano carne que debió destruirse, ha imputado hasta el momento a más de 60 imputados por presuntos delitos contra la salud, estafa, falsedad en documento y contrabando, entre otros.
Si finalmente la juez deInstrucción 1 Osuna se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, el caso daría un vuelco espectacular, aunque se alejará de la Junta de Andalucía, cuyo jefe de Sanidad Animal en la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Luis Vázquez Muñoz, está imputado por por presunto cohecho, prevaricación y falsedad documentas, según reconoce él en un escrito que dirigió a la Junta para pedir que se paralizara el expediente sancionador que se le había abierto por estar la causa «sub judice». El expediente fue paralizado y Vázquez Muñoz continúa siendo jefe de Sanidad Animal a pesar de que autorizó irregularmente exportaciones de harinas cárnicas a Dasy, donde intentó colocar a su sobrina veterinaria.
La juez de Instrucción 1 de Osuna aceptó la personación de la Junta de Andalucía como acusación sin perjuicio, advirtió, de que en cualquier momento su situación podría cambiar y ser considerada responsable de algunas de las irregularidades detectadas en la investigación.
La fiscal María Nazaret Salguero, de la sección territorial de Osuna, explica en su escrito al juzgado instructor que en un principio se incurrió en el error de considerar «que nos encontrábamos ante un hecho aislado o de poca trascendencia, no barajando la posibilidad de que nos encontremos ante un gran entramado de empresas que constituyen una organización criminal con los efectos generalizados que esto conlleva».
Sin embargo, la Fiscalía señala que «las investigaciones abarcan provincias como Badajoz, Sevilla, Córdoba, Huelva, Murcia o Lérida. No pudiendo dejar pasar el hecho de que Peto Food Ingredientes (Lérida) realizó exportaciones a Vietnam con lo que se suponía que era proteína hidrolizada de cerdo, cuando esta empresa (del grupo Proteínas y Grasas Gimeno-PGG) sólo está autorizada para material categoría 3 de pollo».
Asimismo, la fiscal entiende que de las declaraciones de testigos e imputados se deduce la implicación de un entramado de empresas que abarcan gran parte del territorio nacional. Entre las empresas implicadas, según la Guardia Civil, hay mataderos de Madrid, Marchena (Sevilla), Morón, Paterna (Valencia), Badajoz, Jerez de los Caballeros (Badajoz), Salvatierra de los Barros (Badajoz) y Barcelona; empresas de transporte de Pedrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Cumbres Mayores (Huelva), Jaén o Valencia; y operadores de Salamanca. Ahora están imputadas 61 directivos, trabajadores y propietarios de Dasy, Microal, Render Grasas, Ladrillera Murciana, Raw Consulting, PGG, Montesano Extremadura, Señorío de Montanera, Pollos fuentes y Pollos Cano, según señala la Fiscalía, quien obvia en su escrito la imputación del jefe de Sanidad Animal de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, cuyo despacho fue inspeccionado por la Guardia Civil, que incautó su ordenador.
Las investigaciones de la Guardia Civil ponen de manifiesto irregularidades en las inspecciones a empresas de Sandach, como documentos falsos, transformación en harinas de restos de matadero sin autorización y uso de cadáveres de animales enfermos destinados a su incineración para hacer harinas y grasas para piensos, añade el escrito de la fiscal. Hay que tener en cuenta que los mataderos y granjas pagan por deshacerse de los cadáveres de animales enfermos (material C1), mientras que cobran por los restos de despiece (material C3) que sirven para hacer grasas y harinas destinadas a piensos. De ese modo, las empresas que usaron material C1 para hacer harinas no sólo pusieron en riesgo la salud pública, sino que se lucraron por partida doble: cobraron a los mataderos por eliminar Sandach que después usaron para hacer harinas y grasas.
Noticias relacionadas
- Alerta sanitaria para las harinas de Dasy, en las que la Junta halla salmonella
- La Junta busca ADN de perro en las harinas para piensos de pollos y vacas
- Cuarenta y cuatro detenidos en la operación contra las harinas contaminadas
- El jefe de Sanidad Animal de la Junta intentó colocar a su sobrina en Dasy
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete