Cualquier demolición total o parcial en el Centro de Sevilla deberá pasar por la Junta

La aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló varios artículos del PGOU de Sevilla y, más concretamente al plan especial del subsector de la Encarnación, está teniendo ya sus primeras consecuencias. El Ayuntamiento de Sevilla ha modificado ese plan especial para adecuarlo a la sentencia y ha enviado esa modificación a la Comisión Provincial de Patrimonio –dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía– para que dé su visto bueno.

Pues bien, esta comisión ha decidido esta semana devolver el modificado al Ayuntamiento para que lo corrija con el fin de dar mayor seguridad jurídica a los propietarios y promotores. De aprobarse esta decisión de la comisión en su próxima reunión, ello obligaría a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) a elaborar con un mayor nivel de precisión y detalle ese plan especial y cualquier otro del conjunto histórico, lo que podría suponer elaborar de nuevo las fichas de catálogo, entre otras cosas.

¿Qué consecuencias tendrá la decisión de la Comisión Provincial de Patrimonio? Según expertos consultados por ABC, prácticamente cualquier expediente de demolición total o parcial de un edificio –catalogado o no– del conjunto histórico de Sevilla tendría que pasar por la Comisión de Patrimonio, que validaría o no los argumentos que se le expongan.

Este exceso de protección plantea ahora dos cuestiones: si esa comisión de la Junta tiene técnicos suficientes para atender todos los expedientes que le llegarán y si los retrasos que generará la tramitación de proyectos supondrá la asfixia del Centro, ya que los planes especiales dejarían de ser instrumentos prácticos para los problemas urbanísticos del día a día.

A nivel de propietarios y promotores, se puede dar el caso de que ahora se estén ejecutando demoliciones totales o parciales en el conjunto histórico aprobadas con los criterios anteriores.

Podría darse también el caso de personas que hayan comprado un inmueble y estén esperando a que la Gerencia Municipal de Urbanismo les apruebe un proyecto redactado con los antiguos criterios, de forma que si ese proyecto tiene que pasar ahora el filtro de a la Comisión de Patrimonio, supondría un retraso y la incertidumbre de si será aprobado o no. Si la comisión no aprueba su proyecto, esos propietarios habrían comprado algo con unas expectativas que ahora no se materializan, provocándoles una situación de inseguridad jurídica.