La Junta de Andalucía ocultó a la UE y al Parlamento las irregularidades del caso Marismas
La consejera Clara Aguilera llegó a asegurar que «hay más obra hecha que certificada». Ahora Agricultura culpa a los regantes y les ha abierto expediente para que devuelvan los 30 millones
El escándalo de las obras de modernización de la marisma del Guadalquivir entre las localidades de Dos Hermanas y Lebrija llegó al Parlamento andaluz nada más tomar posesión la nueva junta directiva de los regantes, que denunció el caso ante la Fiscalía, en noviembre de 2009.
Sin embargo, a pesar de que la Oficina Europea Antifraude ya estaba en conocimiento de la situación, la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera, lo negó todo. Incluso llegó a decir que las obras se habían ejecutado y que el proyecto se culminaría. El diario de sesiones del Parlamento recoge las palabras que Aguilera pronunció en la Comisión de Agricultura y Pesca el 18 de noviembre de aquel año.
Todavía la investigación estaba en fase inicial, pero su discurso es frontalmente opuesto a lo que la Olaf de la UE y el juez de instrucción sostienen ahora: hay indicios de que se amañó el concurso y de que se modificó el proyecto sin cumplir los resquisitos legales, a lo que hay que sumar la existencia de certificaciones falsas, avalada por un informe de Ayesa aportado al juzgado que dice que hay al menos cuatro millones de euros facturados y pagados de obras que no se hicieron.
Frente a esto, Clara Aguilera afirmó que el proyecto de modernización de las zonas regables de las marismas del Guadalquivir en Sevilla consistía «en la sustitución del sistema de canalización y acequias por otro de tuberías a presión». Admitió que para ello se dio una ayuda de 40 millones de euros y recalcó que «tras efectuar el correspondiente concurso público, la obra se adjudicó» a la UTE Riegos Marismas, compuesta por Befesa y Alpi.
Sobre las irregularidades en dicho proceso, ni una palabra. Lo único que admitió Aguilera es que la obra había sufrido «retrasos en su realización que han traído consigo acuerdos de ampliación de plazo». Antes estos problemas, según la consejera, se «realizó un informe de control sobre el terreno, aparte de los controles habituales que en cualquier obra se establecen», para «verificar la situación exacta de las obras subvencionadas, comprobando el correcto cumplimiento de los requisitos que exige la normativa». Y añade: «Se pudo constatar que las actuaciones certificadas hasta la fecha se correspondían con la obra ejecutada».
Incluso fue al detalle: «Se ha ejecutado en torno al 80 por ciento del proyecto de construcción», dato que dijo saber gracias a la «inspección de carácter extraordinario que es la que hemos realizado durante tres semanas sobre el terreno. Tres semanas los inspectores haciendo una auditoría de cuentas, sobre el terreno, en la que se ha podido verificar lo que es el total de la obra civil que hay realizada en todo el desarrollo de este proyecto».
Y según esa auditoría, «hemos verificado que se ha ejecutado el 80 por ciento del proyecto de construcción, el 80 por ciento, y que se ha certificado el 71 por ciento. Hay más obra realizada que certificada», concluyó tras repetir el dato en varias ocasiones.
Frente a las palabras de Aguilera, la Oficina Europea Antifraude no usa eufemismos: «Las conductas de la Junta de Andalucía podrían ser constitutivas de ilícitos penales».
Sin embargo, tras el avance de la investigación judicial y el informe de la Olaf señalando las irregularidades, la Junta ha cambiado de opinión, aunque pretende culpar de todo a los regantes y hacerlos responsables del dinero perdido.
La Gerencia provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía abrió el pasado 13 de noviembre, justo antes de que la Oficina Europea Antifraude se pronunciara sobre las irregularidades del caso Marismas en las que implica a la propia Junta, un expediente de reintegro de subvenciones contra la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir a través de una providencia de apremio para el pago de 31.106.930 euros, todo el dinero pagado por Agricultura para las obras de modernización.
No obstante, la Comunidad de las Marismas solicitó al juez la suspensión cautelar de este apremio, a lo que accedió con la condición de que avalaran el dinero. La medida se aceptó el pasado 18 de diciembre y, por tanto, los regantes han salvado por el momento su ruina.
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