¿Son válidas las multas de los policías a los que filtraron el examen de las oposiciones?

La anulación de las oposiciones a Policía Local de Sevilla en 2012 por supuesto fraude podría tener también consecuencias sobre los ciudadanos. La cuestión no es secundaria. ¿Tendrían validez las acciones llevadas a cabo por los policías que pudieran ser expulsados durante el tiempo en el que hayan ejercido esta responsabilidad? El planteamiento judicial se encamina a arrebatarles su condición de funcionarios desde su mismo origen si se acredita que estos agentes lograron su plaza de manera ilícita . Es decir, si se confirma la filtración con sentencia firme, estos agentes nunca tendrían que haberlo sido , por lo que las detenciones que hubieran practicado o las multas que hubieran puesto podrían ser impugnadas por los afectados, ya que su principio de autoridad quedaría eliminado. El proceso de revocación de las oposiciones, por tanto, tendría consecuencias directas sobre el Ayuntamiento de Sevilla, que estudia personarse en la causa como perjudicado .

Otros expertos, en cambio, no lo ven tan claro, aunque admiten que es una situación difícil de resolver y que no hay mucha jurisprudencia al respecto.

La duda se entiende mejor planteando un ejemplo concreto . Si se diera el caso de que uno de los agentes a los que el juez ha citado para comunicarle que es responsable civil del presunto amaño de las oposiciones hubiera evitado un atraco a mano armada, ¿qué consecuencias tendría su pérdida de la condición de policía aplicada desde que entró en el cuerpo? Supuestamente, este policía habría detenido al atracador, elaborado un atestado sobre el delito cometido y declarado ante un juez como cuerpo de seguridad interviniente en los hechos y, por tanto, como autoridad pública. La pregunta que se hacen los letrados es qué ocurriría con el proceso judicial abierto por este atraco. ¿Su atestado tendría validez a la hora de condenar al atracador o éste podría impugnarlo?

La respuesta es muy compleja. Si como defienden algunos abogados todas las acciones de los supuestos agentes «falsos» quedarían invalidadas , las multas, detenciones, atestados, declaraciones judiciales y diligencias de investigación que hubieran llevado a cabo no tendrían ningún valor. Pero en una instrucción penal estas consecuencias no se pueden tener en cuenta. El juez investiga si se cometió un delito de revelación de secreto y quién lo cometió. En consecuencia se juzgará a los autores. El resto de situaciones tendrán que resolverla otras jurisdicciones. Y van a tener trabajo.