El hilo interminable de la corrupción

Esta semana los titulares sobre la corrupción han reaparecido con intensidad. Los ERES, Invercaria, Astapa, contratos sanitarios… Hay casos que parecen eternizarse desesperantemente, y otros de recorrido incierto. El PSOE, al que persiguen tantos fantasmas del pasado en un aquelarre continuo, ha bajado esta semana el volumen del escandalómetro por los contratos sanitarios, pero volverá a la carga con lo que califican –en hipérbole un tanto folclórica– «el mayor caso de corrupción sanitaria en España». De momento, el Gobierno de Juanma Moreno ha superado un examen del Tribunal de Cuentas, que ha descartado que hubiera caso. La Fiscalía ha dado carpetazo a la denuncia de irregularidades en los contratos exprés de la Junta, estableciendo que no hay responsabilidad contable en las adjudicaciones de obras sanitarias de 2020 que ha examinado. Se han descartado los indicios de responsabilidad contable, de menoscabo de fondos públicos, en los contratos que en su momento habían suscitado dudas: una obra de reforma de la lavandería del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, y una más en Granada...

Entretanto, el Gobierno andaluz recibe con tranquilidad que la Fiscalía Anticorrupción se haga cargo de investigar la denuncia del PSOE sobre supuestos abusos en los contratos de emergencia realizados por la Junta de Andalucía bajo el procedimiento excepcional habilitado en la pandemia durante dos ejercicios más, un asunto que los socialistas lógicamente ensancharán tanto como puedan y en ello andan. «Es razonable», despachó el asunto Juanma Moreno. También el presidente el Tribunal Superior.

El Tribunal Supremo acaba de rebajar sensiblemente una de las condenas contra Tomás Pérez Sauquillo, en su momento presidente de Invercaria –la sociedad de capital riesgo vinculada a la Junta de Andalucía– por el Caso Fumapa, otro de tantos préstamos sin justificación durante esos años en torno a la crisis de 2008. La Sala Penal del Supremo le aplica la reforma del delito de malversación aprobada por el Gobierno Sánchez en diciembre de 2022 para contentar a los indepes, bajando la pena mínima de 3 a 2 años. Esto deja en evidencia al sanchismo, y en particular a María Jesús Montero, que garantizaron entonces que no habría rebajas para corruptos. La propia ministra de Hacienda aseguró que el Gobierno los castigaba con «una dureza intensificada». Era notoriamente falso. El Gobierno le echó cara, una vez más, concretamente una cara de una dureza intensificada. Aquella reforma para beneficiar a los golpistas del 1 de octubre de 2017 –estaban aún en la fase de indultos, cuando aún negaban la mínima posibilidad de una amnistía– ha acabado por tener el efecto en los corruptos de la Ley del Sólo Sí es Sí para los violadores.

Sentencia del caso Astapa. Nueve de cada diez andaluces dirán ¿y qué es el Caso Astapa? Normal, sucedió casi 18 años atrás. La investigación ha llegado a rozar la mayoría de edad. Y después de todos estos años, se ha absuelto a 31 de los 56 acusados –llegó a haber 107– y dictado condenas menores de multas o algún tiempo de inhabilitación para los 15 restantes. Es lógico que el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, califique el caso de «auténtica aberración». Le inhabilitan cuatro meses para cargo público después de reventarle la vida cuando era alcalde habiendo revalidado el triunfo de 2003 con un buen resultado. Él mismo resume el disparate del asunto: en su momento fue detenido como si debiera ser conducido de inmediato al paredón para ponerlo ante un pelotón de fusilamiento, y todo ha terminado, casi veinte años después, en una colleja. Poca broma. Esto no es Justicia… más allá de la operación turbia que había detrás, con las maniobras del comisario Villarejo al servicio de sus intereses espurios para acabar con el gobierno municipal usando a un concejal del PSOE que se prestó al enjuague y fue convertido en alcalde. La idea era tener a un pelele ahí, y así sucedió, con una gestión catastrófica. El gran escándalo de corrupción nunca fue Astapa –no hubo caja B nutrida por promotores ni prebendas urbanísticas, y tampoco financiación irregular– sino la invención de Astapa.

Con una fatalidad bíblica o mitológica, ahí sigue. Habrá nuevo juicio a Chaves y Griñán después de la polémica, muy polémica, revisión de la condena de un Tribunal Constitucional. Los ERES siempre vuelven.