Razones de peso
Muchos de los profesores e investigadores de la Universidad española llevan incluso una década con contratos basura e ingresos que rondan las 100.000 pesetas al mes. La mayoría de ellos aguantan por aquello de que la docencia es en realidad cuestión de vocación. Pero ahora, con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que proyecta el Gobierno Aznar, sus expectativas de futuro profesional se ven aún más remotas.
Con la nueva ley, una vez licenciado (con unos 23 años de edad), aquel estudiante que quiera desarrollar su vida profesional en la Universidad deberá pasar dos años estudiando los cursos de doctorado, imprescindibles para realizar su tesis doctoral (se planta en 25 años de edad). Durante ese periodo no podrá ser contratado por la Universidad y por lo tanto carecerá de ingresos. A partir de ese momento ya puede obtener su primer contrato improrrogable, como «ayudante», por un periodo de 4 años, durante los cuales además de colaborar en tareas docentes y administrativas, deberá terminar su tesis (ya ha llegado a los 29 años).
En ese momento, los que hayan sobrevivido, podrán obtener un contrato como «doctor» por otros cuatro años también improrrogables. Pero para ello deberán abandonar su universidad, con la que no podran volver a tener ninguna relación laboral durante al menos dos años. Eso sí, la ley no establece ninguna garantía de que esa movilidad entre universidades se cumpla. Puede muy bien darse el caso de que no consiga que otra universidad, que lo desconoce, lo contrate. O bien, que para superar este obstáculo, distintas universidades se pongan de acuerdo para intercambiar profesores, rompiendo así el espiritu de la LOU.
Una vez terminado ese plazo (ya estamos en los 33 años), al profesor precario le quedan dos caminos. Uno: si opta por intentar llegar al máximo de su carrera docente, deberá superar un «examen de habilitación» que no controlará su universidad sino el Estado. Tampoco ello le garantiza nada, ya que una vez habilitado deberá esperar a que se convoque una plaza, presentarse a un concurso oposición e intentar ganarlo. Si lo consigue, camino ya de los 40, será por fin funcionario con categoría de Profesor Titular de Escuela Universitaria. Para seguir avanzando, deberá volver a superar un nuevo examen de habilitación y, de nuevo, si se convoca plaza, opositar a la categoría de Profesor Titular de Universidad. Desde ahí, tras un nuevo examen de habilitación, y si se convoca, podra concursar a una plaza de catedrático.
Pocos llegarán. La normativa vigente establece un máximo de un 20% de personal docente contratado; la nueva LOU lo eleva hasta el 49%. Es decir, no se prevé convocar muchas plazas en el futuro. La mayoría deberá seguir el segundo camino. Para aquellos que no se habiliten, o que no consigan la plaza de profesor titular, se crea un nuevo tipo de contrato bajo el nombre de Profesor Contratado Doctor. Para optar a él se exige un mínimo de tres años de experiencia docente y de investigación y, como no, superar las pruebas de una Agencia Nacional de Valoración y Acreditaciones que, curiosamente, es lo único que la LOU dota de presupuesto.
Si a todo esto le sumamos las retribuciones, no parece que el Gobierno Aznar haya apostado por incentivar las vocaciones docentes. Hoy, un profesor asociado sin tesis (equivalente a lo que será el primer contrato cuatrianual) gana unas 175.000 pesetas al mes; un profesor asociado con tesis (equivalente a la segunda via para aquellos que no alcancen la categoría de funcionario, y por tanto con pocas posibilidades futuras de aumento) está en las 225.000 pesetas; por fin, un catedrático (el máximo escalón profesional) ronda las 400.000 pesetas mensuales. Son razónes más que suficientes para que la mayoría de los 80.000 profesores (funcionarios y laborales) de la Universidad española secunden las movilizaciones contra la LOU.
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