Mandar en Euskadi
Aturdida por el estruendo de los coches bomba y el tableteo de los disparos, la opinión pública española se ha acostumbrado a ver en la política vasca sólo el reflejo de un interminable conflicto de violencia y sangre. La presencia del terrorismo en el eje de la vida pública ha anulado la percepción de una política cotidiana que, sin embargo, explicaría muchas claves de la actual situación de lo que un nuevo eufemismo empieza a llamar simplemente «el Norte». Nada más lógico: si el día en que toma posesión el gobierno autonómico ETA lo saluda con dos asesinatos, nadie va a interesarse por saber qué hace, quién forma y para qué sirve el citado ejecutivo vasco.
Para la mayoría de los españoles, y para muchos vascos, el debate esencial en Euskadi es el de la presencia cenital de la muerte como fenómeno casi cotidiano y sus secuelas sobre el ejercicio de la libertad. Para los nacionalistas, empero, sobre todo para los nacionalistas moderados o democráticos, la verdadera cuestión es el poder. Un poder de fuerte implantación administrativa, que maneja un enorme aparato institucional y de servicios públicos dotados con recursos billonarios, capaz de sostener una estructura clientelar que facilita su prolongación en el tiempo y su extensión en el espacio. Un poder hegemónico con más presupuesto, influencia y capacidad de desarrollo que algunos estados soberanos europeos.
La minusvaloración de ese poder y su enorme capacidad decisoria fue uno de los errores que condujeron al naufragio de la «alternativa constitucional» de Mayor Oreja y Redondo en mayo pasado. Frente al problema del terrorismo y de la pérdida de libertad, esgrimido como factor esencial en una campaña desesperada, el PNV opuso ante los vascos la idea de una defensa global de su tarea de gobierno. «Hemos transformado este país», repetía obsesivamente Ibarretxe en la campaña. Y hablaba de sanidad, de educación, de industria y hasta de deporte mientras sus adversarios sólo hablaban de escoltas, de policía, de víctimas y de muertos.
Así, para los vascos que no se sienten directamente amenazados por el terror, para los que sostienen que Euskadi es un territorio en el que se vive muy bien -«y se viviría mucho mejor si no fuera por la violencia»-, los constitucionalistas estaban poco menos que poniendo en peligro la sustancia de ese sistema de vida que ha permitido a la comunidad autónoma unos estándares económicos de primera línea. Ah, la violencia, ese pequeño problema...
A través de ese poder nada trivial, el PNV ha implantado una estructura de sólida hegemonía civil cuya derrama beneficia también a otros sectores nacionalistas, incluido el abertzale. Algunos socialistas explicaban parcialmente el trasvase de votos de EH al PNV-EA en la comprensión por parte de muchos radicales de la necesidad de mantener de algún modo el sistema de ayudas y subvenciones que estructura todo el conglomerado independentista, a través de asociaciones de todo tipo: culturales, educativas, sociales, recreativas, vecinales. Un gobierno PP-PSOE en Lakua habría triunfado o no en la lucha antiterrorista, pero habría cercenado de raíz todo el flujo económico clientelar que impregna al mundo nacionalista, tanto al moderado como al radical. Y eso sí constituía un problema, e incluso, paradójicamente, una amenaza real para quienes no sienten la amenaza del terror.
El Gobierno que Ibarretxe anunció el sábado bajo el árbol de Gernika manda, y manda mucho. Manda tanto que para el PNV ha constituido una prioridad incluso por encima del problema terrorista y la consecución de la paz. Al menos hasta ahora. Porque podría no ser casual que sólo unas horas después de que el lendakari hablase explícitamente de «combatir a ETA», un lenguaje hasta ahora exclusivo de sus adversarios, la víctima del siguiente atentado fuese un miembro de los cuadros de la Ertzaintza. Podría ocurrir que el PNV haya llegado a la conclusión de que ETA es también una amenaza para el mantenimiento de su propia hegemonía. Incluso en ese supuesto, relativamente optimista, habrá que ver qué precio está a dispuesto a pagar por mantenerla. Y a quién.
icamacho@abc.es
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