Retroactivo

Conviene espigar algunos datos para no perder la perspectiva. En 2020, el dinero destinado a la plantilla subió de 72 a 81 millones de euros en el presupuesto de la empresa para ese año, con un alza del 9,5% en las transferencias municipales. Sin embargo, nadie contaba con el Covid. Durante el año pasado, con las restricciones que pronto sabremos que fueron ilegales pero qué más da ya, la empresa de transporte público perdió un 47% de viajeros y sus ingresos se desplomaron un 48%. Los trabajadores no vieron disminuidos sus emolumentos y a partir de diciembre comenzaron a cobrar el alza prometida para enero, lo que puede interpretarse de dos maneras opuestas: como una pavorosa afrenta a la plantilla a la que se le prometió algo que no se pudo cumplir –quién iba a saber lo del Covid, claro– o como un empeño, contra viento y marea, por mantener lo acordado. También se puede interpretar de otro modo: como una insensatez propia del sindicalismo insolidario de las empresas públicas que juega con la ventaja de que el patrón nunca va a echar la persiana.

Las dos Españas no son hoy tal como las retrató Machado, sino que la gran diferencia la establece quién paga las nóminas: si papá Estado de todas las formas imaginables o un empresario privado que se juega cada día el riesgo cierto de que la empresa se quede fuera del mercado por su incompetencia, por el libre juego de los competidores o las albardas inopinadas que va imponiendo el Estado para pagar, entre otras cosas, la subida salarial de los chóferes de autobuses de Sevilla.

Esa brecha se ha agrandado con la pandemia y amenaza con volcar la nave por la amura de estribor en la que se concentra el ingente volumen de empleados públicos cada vez más privilegiados respecto de sus colegas de la privada. Pues, hala, nada, que suban los impuestos. Con efecto retroactivo, naturalmente.