El Estado gorrilla
Hace poco una eminente autoridad educativa de la Junta de Andalucía amenazó a una comisión de padres de niños escolarizados fuera de la ratio, con que si no matriculaban a sus hijos en una escuela pública mandaría a la policía a sacarlos del colegio concertado. ¿Por qué nos sentimos indefensos ante los criminales que pueden entrar en casa a degollarnos y violar a nuestras hijas? ¿Por qué los padres temen que sus hijos puedan ser apuñalados en la movida de los jardines de Murillo o de la Isla de la Cartuja? ¿Por qué los ciudadanos temen ser linchados por una turba de pacifistas antiglobales? Porque la policía está para perseguir a delincuentes sociales como esos niños okupas que no quieren salir de los colegios concertados.
Por alguna extraña razón que no comprendo, más de una persona habitualmente lúcida asocia la excarcelación de alimañas y el incremento de la seguridad privada al capitalismo salvaje y al neoliberalismo rampante, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me cuesta encontrar una relación directa entre la economía de mercado y los fallos de la ley de extranjería o de la ley del menor, así como con respecto al sesgo progresista de nuestro código penal. Y en cuanto a la seguridad privada, es obvio que los ciudadanos tienen derecho a protegerse cuando el Estado no es capaz de garantizar su seguridad, pues la seguridad ideológica no sirve de nada contra un asalto o una agresión.
— ¡Suelta la pasta, mamón!, o te rajo a navajazos.
— Reflexiona, compañero. Tú naciste solidario y la globalización te corrompió.
—¡Venga la pasta o te rajo aunque seas cura!
El historiador francés Marc Bloch señalaba en su clásica obra «La société féodale», que «el feudalismo coincidió con un profundo debilitamiento del Estado, especialmente en su función protectora». Pues bien, mil años después han vuelto a crearse las condiciones que hicieron posible la aparición de unos señores que exigían vasallaje a cambio de seguridad. Mas por desgracia, estos nuevos señores feudales son niñatos, pandilleros, mafiosos y toda suerte de violentos. ¿Quiénes garantizan la seguridad de los alumnos en algunos colegios públicos andaluces? ¿Quiénes garantizan la seguridad de los empresarios en el País Vasco? ¿Quiénes garantizan la seguridad de los inmigrantes ilegales en España? Es un lugar común afirmar que en el capitalismo salvaje los zorros son quienes cuidan a las gallinas, pero nadie quiere admitir que la socialdemocracia subvenciona a los zorros.
En España en general y en Andalucía en particular estamos muy lejos del modelo americano, donde las empresas de seguridad constituyen verdaderos ejércitos paralelos dentro del país. En España en general y en Andalucía en particular estamos a años luz de Nueva Zelanda, donde la policía es privada y depende de un holding de compañías de seguros. En España en general y en Andalucía en particular la policía está desarmada y vendida ante los delincuentes, quienes tienen todo a su favor para delinquir e irse de rositas. A saber, las leyes, los jueces, los políticos y más de un columnista dispuesto a pregonar que a más policía más fascismo.
Cualquiera que recorra las zonas conflictivas de la movida de cualquier ciudad andaluza sabe de sobra que ahí la policía brilla por su ausencia, porque se ha entronizado la creencia de que la libertad se ha conquistado para que los jóvenes pacifistas y antiglobales puedan mear y vomitar, agredir y asesinar sin que un policía fascista les impida expresarse por todos sus esfínteres después de tantos años de dictadura.
La crisis de seguridad que padecemos en España no tiene nada que ver con el liberalismo porque España no es un país liberal sino socialdemócrata. O peor todavía, socialcristiano. O sea, socialdemócrata con sentimientos de culpa. Keynes y Marx estarían orgullosos de nosotros: hemos pasado dialécticamente del Estado gendarme al Estado gorrilla.
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