TRIBUNA ABIERTA
Reforma de las pensiones: otra vuelta de tuerca para las empresas
Por la vía de los hechos, la reforma aumenta los costes empresariales desincentivando la contratación e incentivando el fraude
Mantengo muy buenos recuerdos del manual de Microeconomía del profesor Lebón y de las clases, siempre magistrales y amenas, de mi querido amigo el profesor O'Kean. Hoy compruebo cómo algunos de los conceptos más básicos de Economía que nos enseñaron en aquellos primeros años ... de carrera, son ignorados a diario, hasta tal punto que se está llevando la economía a una situación ciertamente comprometida.
Tenemos una inflación desbocada, que se ha situado en febrero en el 6% y con una subyacente que alcanza ya el 7,6%. La cesta de la compra ha subido desde el comienzo de la pandemia un 27,5%. En este contexto se está incrementando el gasto público improductivo, lo cual supone más masa monetaria en el mercado, con lo que resulta prácticamente imposible contener la inflación, a pesar de la subida de tipos del BCE. Se calcula que la inflación ha generado alrededor de 33.000 millones de euros adicionales de recaudación solo en 2022. A pesar de todo, se crean nuevos impuestos (el de los plásticos) que 'se comen' literalmente la bajada del IVA que puso en marcha el Gobierno para determinados alimentos.
El problema del desempleo en España, en el entorno del 13% mientras que la media de la UE se sitúa en el 6,1%, no puede resolverse de ninguna de las maneras con una reforma laboral que, con la excusa de reducir la temporalidad, convierte de la noche a la mañana casi medio millón de parados en trabajadores fijos discontinuos. El BOE no crea ni riqueza ni empleo. Son las empresas las que lo crean.
Otro de los grandes problemas de nuestra economía lo constituye la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. En España, hasta hace una década, teníamos un sistema de pensiones contributivo; esto es, que la pensión a recibir dependía de lo cotizado por cada trabajador. Pero en los últimos años, ciertas circunstancias como la congelación de la pensión máxima, la elevación de la mínima y la subida de la base de cotización máxima, están transformando este sistema contributivo en uno asistencial, en el que la pensión tiende a ser mucho más escasa e igual para todos. La fragilidad del sistema de pensiones se ha visto agravada por la desafortunada reforma presentada por el Gobierno estos días. Por la vía de los hechos, además de impulsar la transformación del sistema contributivo en asistencial, la reforma aumenta los costes empresariales desincentivando la contratación e incentivando el fraude. En definitiva, esta reforma no solo no mejora el sistema para intentar hacerlo sostenible, sino que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas y por lo tanto del valor y del empleo que estas generan. El Gobierno se ha decantado por la solución más sencilla: buscar un equilibrio ficticio y espurio incidiendo solo en el lado de los ingresos. Serán una vez más las empresas, sin tan siquiera haber podido debatir al respecto, las que tendrán que pagar la factura de esta medida populista, que ascenderá a unos 15.000 millones de euros. Haber puesto sobre la mesa medidas centradas en la austeridad en el gasto, que serían recomendables para intentar controlar la inflación, habría sido una medida impopular con un coste político claro de cara a las próximas elecciones.
Resulta paradigmático leer estos días el informe que en 2019 elaboró la Airef entonces presidida por el hoy ministro Escrivá, en el que se indicaba que «las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE. Cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, sino únicamente una reconfiguración de las mismas». En julio de 2021, siendo ya ministro, Escrivá volvió a defender esta misma idea en la comisión del Pacto de Toledo. ¿Ahora, en marzo de 2023, sí resulta conveniente subir estas cotizaciones sociales?
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado abiertamente esta reforma, pues considera que, además de no contribuir a solucionar el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, gran parte del esfuerzo recaerá sobre las empresas. Esta medida, unida al alza del SMI, que también se decidió a espaldas de la CEOE, supondrá, según el último informe de BBVA Research, una pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, romper con el espíritu del Pacto de Toledo y 'cambiar las reglas del juego' de manera unilateral y repentina, vía decreto ley, podría generar una imagen de inseguridad jurídica sobre nuestro país que le hiciera perder potenciales inversores y empresas con capacidad de generar empleo y nuevos cotizantes. Esto es, precisamente, justo lo contrario de lo que necesitamos para intentar garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
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