Quince años de agonía

El último peñasco agregado a las espaldas de la familia Del Castillo ha sido la sentencia de la Audiencia de Sevilla que anula a Javier García 'El Cuco' de la pena de dos años a la que fue condenado por mentir en el juicio. En un insoportable escorzo de crueldad, el propio tribunal admite que tanto 'El Cuco' como su madre faltaron a la verdad, pero anula la condena al avalar las alegaciones de las defensas, basadas en cuestiones estrictamente técnicas. Como en una pesadilla recurrente, nuevamente se constata la impotencia de la Justicia para definir las responsabilidades de los participantes en el crimen. La pésima investigación en las cruciales primeras horas tras el asesinato abocó las pesquisas a un bucle de resignación e incapacidad en el que seguimos sumidos quince años después. Quienes diseñaron la estrategia tras el asesinato –tiempo tuvieron para hacerlo, dada la pasividad policial– sabían cómo salir del atolladero. Todavía hay que agradecer que Miguel Carcaño metiese el cenicero ensangrentado en un bolsillo de su chaquetón y quedase un rastro delator en el bolsillo; de no ser por este pequeño error, es probable que hasta el asesino confeso estuviese hoy en la calle.

Frente al relato reconfortante de las instituciones y las películas, el caso Marta del Castillo nos recuerda que los buenos no siempre ganan, y que la balanza de la Justicia no siempre impone su equidad. El sentido común indica que, aparte de Miguel Carcaño, al menos otras cuatro personas podían saber qué ocurrió aquella noche: el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia, María García, y los dos amigos de Carcaño, Samuel Benítez y 'El Cuco'. Todos guardaron un silencio cómplice en el juicio. Ninguno de ellos tuvo la decencia de apiadarse de una familia rota por el dolor; sus abogados lograron que no recayese sobre ellos ninguna responsabilidad penal, pero nadie les puede eximir de un flagrante delito de vileza moral. El sistema judicial hizo valer la presunción de inocencia de los acusados, y así debe ser, pero ese mismo sistema garantista lleva quince años sin poder conceder a la familia de Marta su derecho a saber qué pasó con su hija y dónde está su cuerpo. Hasta Carcaño saldrá algún día de la cárcel, pero la pena y la impotencia que sufren cada día la familia Del Castillo es una cadena perpetua.