Pseudo

Pedro Sánchez no necesita ninguna ley específica para actuar contra los medios que mientan, porque ya cuenta con la legislación civil y penal que ha regulado la actividad periodística durante el último medio siglo, que por otra parte es análoga a la que funciona en los países de mayor tradición democrática. Si se están publicando falsedades sobre las actividades de su esposa o su hermano basta con desmentirlas y denunciar a las empresas que las difundan en los tribunales. En esta casa, como en todos los periódicos serios del mundo, recibimos decenas de querellas que suelen quedar en nada no porque los instrumentos legales sean ineficaces, sino porque en la redacción se realiza un trabajo pulcro con el asesoramiento de profesionales del Derecho cuando la cuestión lo requiere. Pero lo que busca Sánchez no es defender el honor de sus familiares, sino acallar las voces críticas. Y para eso debe alejarse de los códigos legales democráticos y copiar los de las dictaduras bolivarianas.

Es evidente que el dirigente socialista se ha marcado como prioridad estratégica terminar con la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación, dos contrapesos fundamentales en los sistemas de gobierno occidentales. Con los jueces mantiene un pulso soterrado, pero la inminente normativa contra los 'pseudomedios' es el primer ataque directo a la línea de flotación de la democracia. Sánchez juega a confundir identificando la bazofia que circula por las redes sociales con los medios, pero son dos cosas muy diferentes. En España no hay pseudomedios, hay empresas de comunicación reguladas por la normativa vigente. Si a algo se le puede aplicar el prefijo 'pseudo' es a él mismo: es un presidente pseudodemócrata.