Que vuelvan esas 693 empresas a Cataluña

Las 693 compañías catalanas que se han mudado a Andalucía lo hicieron por aspectos circunstanciales. Pastas Gallo o San Miguel, por ejemplo, aterrizaron en Córdoba y Málaga porque ya tenían allí edificios industriales y administrativos que les permitían domiciliar la sede y celebrar sus consejos de administración, pero eso no conlleva la creación de más empleo ni una mayor recaudación para Andalucía (ya que el impuesto de sociedades es estatal).

Y lo deseable sería que esas sociedades se ubiquen algún día nuevamente en Cataluña. Por desgracia, ni las 'subvenciones' que baraja Pedro Sánchez ni las multas que quiere imponer Puigdemont solucionan el problema: la diáspora estuvo provocada por el temor a que una independencia unilateral situara a las empresas en el limbo, y ese riesgo sigue vigente.

Frente a ello, en la estadística empresarial andaluza hay un indicador relevante: precisamente desde los años del procés Andalucía crea más empresas que la media nacional. En 2016 había 58 sociedades por cada 1.000 habitantes, actualmente hay 63 (se ha reducido en tres puntos el diferencial con el conjunto de España). En total, hay más de 531.000 sociedades con sede en Andalucía, pero de ellas tan solo 3.000 tienen más de cincuenta trabajadores (según un informe de Analistas Económicos, el centro de estudios de Unicaja).

El desafío es incrementar el número y el tamaño de esas compañías, para que generen ese «efecto sede» real en nuestras ciudades, sirviendo de plataforma para profesionales de alta cualificación. La Junta de Andalucía está trazando su camino para facilitar ese proceso con una política de simplificación burocrática y reducción de impuestos. La última medida estrella, la bonificación del Impuesto de Patrimonio, fue laminada por Pedro Sánchez en apenas 24 horas en un ejercicio de intervencionismo sin precedentes en las competencias autonómicas.

Será el colmo del surrealismo que Sánchez implante beneficios para que una comunidad que incumple la ley pueda recuperar empresas, y siga impidiendo que Andalucía no ejerza sus competencias fiscales para captar inversores. Pero nuestro futuro no está en esas 693 empresas catalanas (muchas de ellas ejemplares, por cierto), sino en nosotros mismos.