TRIBUNA ABIERTA
El chantaje como norma
Quienes quieren regular nuestras vidas e imponer dogmas trasnochados, olvidan la esencia del ser humano que es la lucha indeclinable por su libertad y su propia autoestima
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El pasado día 26 de septiembre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se descolgó con una amenaza advirtiendo que a aquellas Comunidades Autónomas que no aplicaran la Ley de Vivienda se les retiraría la financiación del Gobierno central. Tal dislate fue contestado de inmediato por ... las comunidades regidas por el PP que, en un comunicado conjunto, advierten a la ministra sobre su irregular amenaza, toda vez que las políticas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas.
La norma que pretendía la ministra que fuera de obligado cumplimiento se refería a la declaración de zonas tensionadas, con precios del alquiler intervenidos ante unas subidas consideradas excesivas. Ante tal situación, corresponde a las comunidades determinar, dentro de sus competencias, si concurren o no circunstancias para ello, máxime teniendo en cuenta que la propia ley faculta a las autonomías su aplicación voluntaria de aspectos concretos de la ley estatal.
Hay algo fundamental, en términos democráticos, que parece olvidar la ministra: que la primera obligación de un gobernante es respetar la ley. Y la ley confiere plena autonomía a las comunidades para gestionar y regular sus competencias y los impuestos cedidos. Y plena capacidad legislativa en aquellas competencias que la Constitución les atribuye directamente.
Consecuentemente, las Comunidades Autónomas pueden implementar o reducir el gravamen sobre los impuestos total o parcialmente cedidos. Y algunas comunidades regidas por el PP, en uso legítimo de sus facultades, han reducido la presión fiscal en distintos tributos (Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, Donaciones y Sucesiones, tramos autonómicos del IRPF,…) y, ¡oh, milagro!, la recaudación fiscal ha subido, sin duda porque ha aflorado economía sumergida, se ha incrementado el número de contribuyentes y ha subido la recaudación por impuestos indirectos al incrementarse el gasto y las inversiones.
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas regulan como sus gobernantes tengan a bien la política sobre áreas de su competencia, por ejemplo la vivienda. Algunas autonomías, como Cataluña, deciden aceptar limitaciones a la libre economía en materia de vivienda estableciendo limitaciones al precio del alquiler y, ¡oh, sorpresa!, de entrada el problema de la vivienda se ha agravado en aquella comunidad.
El problema del Gobierno sanchista es su falta de compromiso con la palabra dada. En vez de regalar bonos a los jóvenes para comprarse artilugios digitales o para visionar películas y eventos, les estarían más agradecidos si Sánchez hubiera cumplido su promesa de construir 40.000 viviendas para alquileres asequibles. Pero, claro, los pisos tardan unos años en construirse y el voto de los jóvenes solo podía comprarse a corto plazo con las regalías sanchistas tan en boga en procesos electorales.
La ministra Rodríguez tuvo que cambiar su discurso rechazando los castigos a las comunidades que ella tildaba de insumisas, una ofensa gratuita para quien actuó como una chantajista sin freno. Pero su nuevo discurso prometiendo premiar con más fondos a las regiones que se inclinen por poner límites a las rentas, es una imposición ideológica que no puede aceptarse desde la autonomía de cada región cuyos gobernantes pondrán en curso sus propios principios ideológicos. Como bien se ha dicho, «los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles no pueden condicionarse a posicionamientos políticos de una determinada ideología».
Estamos ante una prueba concluyente de cómo actúan los distintos modelos políticos, el intervencionista o el liberal. Pero no se puede alterar la libertad de poner en práctica uno u otro, porque de su éxito o fracaso dependerá la permanencia de sus autores en el poder. Está claro que las comunidades autónomas pueden incrementar la presión fiscal a sus ciudadanos o reducirla. Interferir esta facultad con amenazas de no participar en fondos para construcción de viviendas o, como consta en el pacto de la investidura de Illa, en los fondos de solidaridad interregional, es afectar a los derechos que regulan su ámbito de competencias.
Para las sociedades abiertas, que han sido las verdaderas impulsoras del progreso económico y social, el intervencionismo a ultranza es negativo. Y legislar a espaldas del mercado es apostar por el retraso económico y la frustración social. Por ello hacen bien las comunidades del PP defendiendo un modelo más dinámico y autónomo, oponiéndose a quienes utilizan el chantaje y la amenaza para imponer sus criterios dogmáticos e ideológicos.
Quienes quieren regular nuestras vidas e imponer dogmas trasnochados, olvidan la esencia del ser humano que es la lucha indeclinable por su libertad y su propia autoestima. Para quienes pretenden dirigirnos e intervenir nuestras vidas, por muy bien intencionados que sean, habría que recordarle aquel consejo del barcelonés Noel Claraso según el cual «tratar de mejorarse a sí mismo, suele dar mejor resultado que tratar de mejorar a los demás».
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