No es inocente

Montero sabe que se puede disentir sobre un fallo judicial, pero también sabe que es muy distinto llamarlo «una vergüenza», porque esa referencia trasciende al fallo y apunta directamente al tribunal, al que imputa de forma implícita una intencionalidad en el mismo, poniendo en duda la deontología profesional de sus miembros. Por cierto, formado por tres magistradas, una de ellas experta en igualdad.

Por muy mal concepto que se tenga de Montero no se puede negar que la ministra y líder socialista andaluza tiene suficiente inteligencia como para entender sobradamente que situar la palabra de una mujer por encima de la presunción de inocencia, como dijo, es una barbaridad que no se escapa en un lapsus. Porque ni siquiera hubo una inmediata rectificación cuando se le ofreció la oportunidad de desdecirse, sino más bien hubo un interés posterior por dejar fijado ese mensaje como institucional, siendo jaleado por otras ministras.

Defender tal barbaridad sobre la relatividad de la presunción de inocencia tira por tierra nuestro estado de derecho, convierte en papel mojado los acuerdos internacionales que España ha firmado como país respetuoso con los derechos fundamentales y delata un déficit democrático preocupante. Por no decir que destila una inquietante expectativa oficial en una justicia donde las delaciones sean indiscutibles y los juicios sumarísimos. Es curioso que lo haga quien ha demostrado un ferviente entusiasmo por ese fallo del Tribunal Constitucional que sacó de la cárcel a sus compañeros socialistas condenados por el caso ERE y que tiró por tierra todo el procedimiento rubricado por una veintena de magistrados en todas las instancias de nuestro muy garantista sistema judicial. Un fallo, el del TC, que sí ha generado muchas dudas en la judicatura, hasta el punto de que se enviará a la justicia europea.

Que todo esto lo diga una ministra y vicepresidenta primera del Gobierno no es algo que se deba dejar pasar por alto. Merece una respuesta como la que han dado las organizaciones de jueces y fiscales, con independencia de sus adscripciones ideológicas, y merecería una mayor repulsa ciudadana si la gran mayoría fuera consciente de las dimensiones del desafío que plantea. No es una cuestión de feminismo, es otro atentado al poder judicial. Y ya van demasiados como para presumir de que es una reiteración inocente y no un paso más en el intento de imponer en España un estado populista.