TRIBUNA ABIERTA
Salvar una Constitución imperfecta
La culpa de que algunas autonomías se hayan convertido en cuasi-Estados separatistas no es de una Constitución que también entregaba al Estado herramientas potentes para embridar el proceso autonómico
Las opiniones sobre la Constitución suelen oscilar entre dos extremos inverosímiles. De un lado, los ditirambos —el profesor Prieto Sanchís ha hablado de «beatería constitucional»— a «la carta magna que nos ha traído los mejores 45 años de nuestra historia». No, no han sido los ... mejores: la deuda pública ha saltado desde un 7% en 1976 a un 113% en 2023, ensombreciendo nuestro porvenir económico; en el mismo periodo, la fecundidad pasó desde 2'8 a 1'15 hijos por mujer, abocándonos a la insostenibilidad demográfica a medio plazo (estamos casi un 50% por debajo del reemplazo generacional). Y los nacionalismos han utilizado las competencias que les entregó la Constitución para inculcar el odio a España en varias regiones y para privar a los niños de la posibilidad de recibir enseñanza en castellano.
En el otro extremo, los ataques irreflexivos a una Constitución que, con todas sus carencias, nos ha evitado la violencia política —si exceptuamos al millar de víctimas de la ETA— durante ya casi medio siglo y ha garantizado un aceptable marco básico de libertades, homologable al de los países más civilizados del mundo. Me inquietan especialmente los exabruptos contra «el régimen del 78» en un sector minoritario y radicalizado de las protestas —emocionantes y necesarias— contra la amnistía (sí, los grupúsculos que insultan al Rey u ondean banderas agujereadas en su centro). Esos ataques son injustos porque culpan infundadamente a la Constitución de todos nuestros problemas nacionales, e insensatos porque contribuyen a la deslegitimación del que, mal que bien, sigue siendo nuestro último baluarte para resistir a los bárbaros.
Sí, hubiera sido mejor que la Constitución no incluyese unas autonomías que nos están llevando a la disgregación, que consagrase más claramente el derecho a la vida, que no hubiese instituido un Tribunal Constitucional colonizable por los partidos (la tarea crucial del control de constitucionalidad de las leyes se hubiese podido encomendar a una sala especial del Tribunal Supremo)… Pero no convirtamos a la Constitución en chivo expiatorio de todo lo que ha ido mal. La culpa de los 100.000 abortos anuales no es de una carta magna que deja abierta la cuestión («todos tienen derecho a la vida»: ¿todos los nacidos o todos los concebidos?), sino del Gobierno del PSOE que legalizó el aborto y los Gobiernos del PP que no lo revocaron. La culpa de que algunas autonomías se hayan convertido en cuasi-Estados separatistas no es de una Constitución que también entregaba al Estado herramientas potentes para embridar el proceso autonómico (las leyes de armonización del artículo 150.3, por ejemplo, además de la obligación estatal de velar por «la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos», art. 149.1), sino de los Gobiernos que, una y otra vez, compraban a alto precio competencial apoyos nacionalistas para completar sus mayorías: lo ha hecho sobre todo el PSOE, pero también el Aznar de 1996, que hablaba catalán en la intimidad.
Que en España resulten impensables las «grosse Koalitionen» tan habituales en otros países no se debe a la Constitución, sino a un sectarismo polarizador especialmente vigente en la izquierda, que hace del odio a la derecha su principio vital. Y que en España los veinte miembros del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, sean nombrados por el Parlamento, no es culpa de una Constitución que estableció en su artículo 122 que doce de ellos los eligieran los propios jueces, sino del PSOE, que incumplió esa previsión en su ley judicial de 1985, y del PP, que no utilizó sus dos mayorías absolutas para resucitar a Montesquieu.
Una cosa es aspirar a mejorar la Constitución reformándola -a través de los exigentes mecanismos de su Título X- y otra gritar contra «el régimen del 78» sin tener la menor idea de cómo y con qué se lo va a sustituir. También la izquierda podemita despreciaba la Constitución y clamaba por «una segunda Transición». Si la Constitución estorba a los bolivarianos, algo bueno tendrá.
El enfoque racional sobre la cuestión constitucional es la propuesta de reformas concretas: sustituir el Tribunal Constitucional (partidista, dado su sistema de nombramientos) por el Tribunal Supremo; modificar el sistema electoral para reducir el protagonismo de los partidos separatistas (podría lograrse, por ejemplo, primando al vencedor con 50 escaños -como se hacía en Grecia- para facilitar la consecución de mayorías absolutas); reforzar la natalidad y la familia, que en 1978 podían ser dadas sin más por supuestas pero ahora se están derrumbando; devolver al Estado las competencias de justicia, sanidad y educación. Convencer antes a la opinión pública de la necesidad de esos cambios (¡una tarea de años!). Sanear algunas habitaciones sin que se derrumbe el edificio. Pues el edificio debe ser conservado: no tenemos otra cosa para alejar el espectro de la guerra civil.
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