Despolitizar el agua

Sin embargo, conforme la democracia en nuestro país ha ido avanzando, ha subrayado más su perfil de competición electoral. Quiere decirse que, en un esfuerzo por diferenciarse, los partidos han ido abandonando tanto la dinámica del consenso como la asunción de que hay parcelas de la gestión pública que simplemente deben estar en manos de técnicos para que funcionen lo mejor posible. Y una de las materias donde esa politización se ha hecho más evidente y acusada ha sido la gestión hidráulica, tradicionalmente confiada a los ingenieros de caminos y hoy a merced de las opiniones de ecologistas y profesionales que viven no de la ingeniería sino de la agenda verde. En España, el resultado de esa conversión de la política hidráulica en materia de fricción ideológica ha sido la estigmatización de las obras de regulación, que tan necesarias son para prevenir las inundaciones y paliar las frecuentes sequías.

Así, sobre las presas se ha hecho común el sambenito de que son infraestructuras franquistas, cuando la realidad es que en el siglo XX se han realizado obras de regulación en todas las etapas históricas y, cuando más, tras la transición democrática, siendo precisamente el Gobierno de Felipe González uno de los más activos en la construcción de las obras hidráulicas. Con un decreto de sequía de 1983, este Ejecutivo promovió en Andalucía once nuevos embalses, hoy todos operativos. Puestos a poner etiquetas, la lucha contra la aridez del sueño español a través de los riegos y las presas fue, más bien, si cabe, y en sus orígenes, una causa regeneracionista y progresista, a la que contribuyeron grandes hombres con ideas avanzadas como Jovellanos, Joaquín Costa o Rafael Gasset. Una causa que hasta hace pocos años había concitado un gran consenso social y que se había quedado fuera de la confrontación partidista.

Pero con la agenda verde y la llamada nueva cultura del agua, todo cambió. Lejos de consolidarse el consenso sobre el valor de las obras de regulación para garantizar el abastecimiento y el riego en los ciclos de sequía y para prevenir las inundaciones, las presas se convirtieron en anatema y en el objeto de una fractura política total entre partidarios y enemigos. Una disputa que, a la vista está, han ganado los segundos, si no sobre el papel, al menos en la práctica, y lo que ha pasado en Andalucía es un buen ejemplo de ello. Desde la ejecución de Breña II no se han acometido nuevas obras de este tipo. Y no porque hayan dejado de planificarse. A lo largo de los últimos tres lustros, los planes hidrológicos han venido recogiendo la previsión de comenzar nuevas presas, pero la realidad es que las administraciones no los han puesto en práctica. El estigma sobre los embalses pesa demasiado. Sencillamente, han dejado de hacerse.

En Córdoba hay un caso muy significativo que es el de la Presa de San Calixto, aprobada teóricamente en el Plan Hidrológico del Guadalquivir del año 2009 y no ejecutada en la práctica. Ni siquiera tiene proyecto aún, aunque parece que ahora ha empezado a avanzar en los primeros trámites previos. Digo que es significativo puesto que esta presa en concreto aparece incluida dentro del Plan de Gestión de Inundaciones del Guadalquivir, como una infraestructura estratégica para evitar las riadas en Écija y Palma del Río. Según dicen los especialistas, fenómenos meteorológicos como la última DANA de Valencia son más probables en el Levante que en Andalucía, pero llama la atención que una infraestructura reconocida como clave por la propia administración para prevenir inundaciones lleve más de quince años sin avanzar o avanzando muy poco en la tramitación.

Creo que otro gallo cantaría si esta, como otras materias, quedara exenta de la controversia ideológica. Hay un viejo malentendido que lleva a creer que, cuanta más politización, mayor democracia. Pero es justamente al contrario. En las viejas democracias son muchas las cuestiones que nunca se discuten mientras que todos los regímenes despóticos y totalitarios han exigido una visión de la cosas tamizada por el filtro político. En los últimos años, a la política del agua en España le ha sobrado eso, política, y le ha faltado gestión. Ojalá la tragedia de Valencia sirva al menos de aprendizaje al respecto.

SOBRE EL AUTOR

francisco j. fernández romero

Abogado y doctor en Derecho