Mal, muy mal empezamos, señora ministra

La segunda crítica es el abuso del decreto ley: parecía mucho el interés del Gobierno en sacar adelante, rápidamente y a la vez estas normas (¿quizás para suavizar el impacto social de negociaciones que se producían allende nuestras fronteras?); vía para conseguirlo: decretos leyes que silencian al Parlamento. El decreto ley lo prevé la Constitución para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad: ¿tanta urgencia requería la aprobación de este sinfín de preceptos para hurtarlo a una sosegada discusión parlamentaria? Y no se nos acuse de partidistas: también en el otro lado se abusa del decreto ley: en diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó por decreto ley una subida retributiva de 269 cargos (de en torno al 15%; superior a la del presidente); no discuto la justicia del estipendio fijado, pero ¿tan urgente era la subida que no podía esperar la tramitación parlamentaria?, ¿se quedarían los afectados sin comer, pagar la luz o el gas, o comprar los reyes a sus hijos… si su sueldo no subía urgentemente?; porque para el resto del sector público andaluz no les pareció urgente.

La tercera crítica no va al incremento del SMI, sino al procedimiento seguido. Se oyeron expresiones gruesas como «amenaza» o «chantaje», o palabras menos directas pero no menos graves como «dura advertencia» (Jorge Millán en 20 Minutos, 9 enero). Más o menos se transmitió a las patronales que o aceptaban un incremento del 4%, o la subida (como ha ocurrido) sería superior, lo que implicaba dos cosas: que el Ministerio no creía en su propia oferta desde el principio, y sobre todo que efectivamente se empleó la «dura advertencia» como arma política («Trabajo cumple su amenaza» reza el titular de ABC 13 enero, y su editorial «Subida punitiva»). Pilar del sistema de relaciones laborales es la concertación social, pero aquí el Ministerio, en una «huida hacia adelante» (Susana Alcelay en ABC), sobrepasó la línea roja. Que ello es así lo dejó patente lo sucedido con el decreto ley 7/2023 de reforma del desempleo, «tumbado» al no contar en el Parlamento con los votos de Podemos; tras ese varapalo vino a señalar la señora ministra, a la que se acusó de no haber consensuado la cuestión, que ahora sí acudiría al diálogo social, lo que suponía un reconocimiento explícito: antes no acudió al diálogo social. Se han saltado así unas mínimas pero importantes reglas del juego, llegando las actuaciones del Ministerio a incomodar incluso a las centrales sindicales: leo en la prensa (El Confidencial, 10 enero) que CC.OO., aun de acuerdo con las medidas aprobadas, mostró su malestar por la unilateralidad de la nueva regulación.

Mal empezamos si las primeras disposiciones resultan enrevesadas para los operadores jurídicos, sientan malestar en los agentes sociales, relegan el Parlamento al segundo plano, etc. No aludo como dije al contenido —que puedo incluso compartir—, sino a las formas. Con todo no dudo de la calidad humana e intelectual de la señora Díaz, y le deseo saque lo mejor de sí y rectifique: ello será bueno no ya para ella, su organización o el Gobierno, sino para todos los trabajadores, pensionistas, desempleados, empresas… para España en definitiva. Mucha suerte.