Revisando la actualidad

El panorama no puede ser más desalentador y resulta que las decisiones del presidente constituyen atropellos impensables contra la normalidad democrática, que afectan muy seriamente al futuro del país y se producen con una celeridad tal que acaban en el olvido, cual ocurriera con la ley del solo sí es sí o la propia de la amnistía, por más que se sepa de su patente inconstitucionalidad. Para ello se ha labrado una red de adhesiones y truculencias que le permiten el despliegue de un poder omnímodo, inimaginable, guiado por una diabólica voluntad destructiva del orden imperante.

Resulta cuando menos pintoresco que se invente ahora una lucha contra el recuerdo de Francisco Franco, con la advertencia de la instauración posible de un caudillismo de ultra derecha, cuando las acciones determinadas por el Sr. presidente son propias de un auténtico caudillo que, apoderándose sucesivamente de todos los poderes y resortes del Estado, ha configurado un parapeto de su gobierno, absoluto sin quiebra alguna. Y Franco, con cuantos reproches puedan oponérsele, realizó obras colosales en favor de España, de las que aún nos servimos, grandes hospitales, red de carreteras, pantanos, entre otras, que ni por asomo se le ocurre al actual presidente, que nada bueno considera en favor verdaderamente de los españoles. Sirvan de ejemplo los criticables olvidos de las ayudas prometidas a La Palma o al Levante español, aún lleno de lodo. Asuntos como la problemática de la ocupación ilegal, de tan indeseables y desesperantes consecuencias, que podían resolverse en 24 horas, duermen para desgracia de los propietarios de pisos y locales. Ahí, en la cuestión de la carestía de las viviendas, tiene una interrogación de la que debía ocuparse y que, sin embargo, se eterniza en detrimento de tantos jóvenes y menos jóvenes sin posibilidad de acceder a una vivienda digna, aspiración consagrada en la propia Constitución.

Es incomprensible que siga ahora empeñado en su alianza con el perverso Puigdemont, al que prometió ponerlo a disposición de la Justicia española y tras el que anda pordioseando los caprichos del prófugo, con el que pacta abiertamente siendo así que se trata de un reclamado por los tribunales españoles y con el que su relación debía limitarse al ejercicio de la función represiva del Estado y auxiliar de la Justicia.

La última cabriola disparatada y vergonzosa ha sido el proyecto de ley para suprimir la acción popular que, para eludir informes institucionales y otorgarle celeridad, ha presentado, no el Gobierno, sino el partido que lo sustenta. En tiempos, los jueces ponían altas fianzas económicas a su ejercicio hasta que el Tribunal Supremo determinó que estas cautelas debían ser asumibles por quienes accionaban. Ello da idea de la importancia que se otorga a que personas, físicas o jurídicas, ajenas al proceso puedan personarse como partes acusadoras, gracias a lo que se han descubierto y perseguido multitud de conductas delictivas, al igual que ocurre con el papel de la prensa libre, que nos pone al descubierto otras muchas sin cuyo empeño quedarían impunes.

Pues de eso se trata, de lograr la impunidad de su círculo personal más inmediato, el fiscal general del Estado y su esposa y su hermano, de suerte tal que no encuentra inconveniente en podar una norma esencial en el proceder procesal para beneficiar a concretas personas, curiosamente cercanas al presidente. Ello implica un desprecio por el Estado de Derecho y la eficacia de las leyes, manejados caprichosamente a su antojo.

El caso del fiscal general es, sin duda, de una gravedad sustancial. Acaso podría entenderse que ha obrado en el ejercicio del derecho de defensa al hacer desaparecer de su teléfono cualquier vestigio de sus actuaciones, mas resulta de una inmoralidad innegable y que hace aparecer un tufo, una apariencia de la prueba del delito por el que se le persigue. Se trata de una grave conducta por la que a un magistrado le costó la permanencia en la carrera y que trae su origen de una política estrategia contra la presidenta de una comunidad autónoma a la que se odia sin disimulo. El hecho de que el presidente se refiera a la fiscalía como a un patrimonio propio constituye un presupuesto indeseable de la utilización de todos los poderes estatales en su favor.

Así, poco a poco, el deterioro democrático del país continúa su caminar, dibujándose un panorama contrario al orden jurídico, a la independencia de los jueces, dictado en detrimento de la división de poderes y de los cimientos de un verdadero Estado de Derecho, asemejándose a otros regímenes totalitarios lejanos a una verdadera democracia.