Palabra cancelada

El contexto de la celebración en esta ocasión no era demasiado cómodo. No solo por poner de relieve la división existente entre los más destacados grupos feministas, sino la dificultad de situar en primer plano una lacra, particularmente extendida, como la prostitución; prioritaria para algunas de sus protagonistas, pero que podría evocar a la soga en la casa del ahorcado en otros casos.

En efecto, la estampa del plutócrata que ponía un piso a la querida, no se consideraba precisamente como un homenaje a la mujer. No es por ello de extrañar que algún sector feminista situara la lucha contra la prostitución como objetivo prioritario. Para otro, al parecer, no era el momento más oportuno. En ciertos altos niveles políticos no ha sido desbordante la ejemplaridad al respecto. Bien es verdad que no se ha venido manteniendo gracias a la obscena exhibición de sucio dinero privado, pero tampoco el recurso para mantener la función al dinero público, que -para algunos- todo lo bendice, solucionaba el problema.

La ocasión parecía, sin embargo, propicia para el sector que entiende que dicho «trabajo» sería, ante todo, fruto de la emancipación de la mujer, superando viejos tabúes. En efecto, las más aireadas protagonistas de las páginas de sucesos políticos no se presentaban como víctimas de explotación alguna. Un piso cerca de Ferraz, con la vivienda como anda, no parece una condena. Si a ello se le añade, siempre con el bendito dinero público, puestos de teletrabajo -susceptibles de considerarse cumplidos viendo la tele, sin mayores afanes- tampoco es como para envidiar proclamas liberadoras.

Más preocupante parece que no nos encontramos ante contados casos rayanos en lo pintoresco, sino que coincide con un fenómeno paralelo, que pone en guardia ante una innovación en el ya conocido cotarro de las comisiones, en el entorno de lo público. Ya no se trata de contar con bolsas para transporte del obligado ungüento, sino que a ella se añade, siempre con similar fuente de financiación, un ocasional anexo inmobiliario, para servir de complemento en especie como sede de esparcimientos varios, quizá menos provechosos para las incluidas en el catálogo.

Se comprende que el ambiente no estaba como para sacar a relucir el aborto, asunto del que no es muy educado hablar, salvo que uno aspire a ser incluido en la derecha más extrema. Se ve, sin embargo, que -también entre la feministas- hay gente para todo. Intentando, sin duda audazmente, dado el colosal espectáculo en cartel, distraer la atención del vecindario, una vicepresidenta del gobierno no ha parado en barras y, ajena a lo que está cayendo, ha encabezado un nutrido manifiesto, convencida de que «como con todos los derechos, pero más aún con aquellos que son inherentes a la persona, debemos siempre aspirar a avanzar».

Se muestran insatisfechas con que el Tribunal Constitucional haya convertido el aborto en derecho fundamental de temporada. Consideran inaplazable una reforma de la Constitución, para garantizarlo, eliminando entre otros detalles «procesos de reflexión»; por estimar quizá que es asunto que no merece pérdida de tiempo. Cuanto menos se reflexione al respecto, mejores logros serían de esperar, en la sucesión de «batallas ganadas» e «hitos alcanzados»; lo que no parece, sin embargo, rebosar confianza en la capacidad reflexiva de la mujer. No ocultan sin embargo una clara satisfacción por lo realizado, como «vehículo de transformación de la conciencia colectiva».

Bien es verdad que la palabra clave del manifiesto no es tanto el aborto, término que resulta sustituido por el más llevadero de IVE. No suena tanto como IBI, pero ya sugiere que a alguien no le saldrá gratis. En todo caso: interrupción voluntaria del embarazo, según los expertos. Sin duda, mejor que hablar de la vida a eliminar, resulta más épico dejar claro que es su mera voluntad que se que se abre paso, sin quedar «relegadas al papel de demandantes de una prestación».

El acceso a la IVE lo conciben con carácter nada menos que «universal»; para que «todas las mujeres y personas gestantes, con independencia de su origen, su situación administrativa o su lugar de residencia, tengan derecho a abortar en España», que se convertiría así en centro privilegiado al respecto.

Por otra parte, puestos a huir de la vida, no proponen reformar el artículo 15 de la Constitución, sino que apuntan como más oportuno al artículo 43, que -como es sabido- se ocupa más bien de los resfriados o, si las cosas se ponen peor, de los cánceres. Cada asunto en su sitio…

SOBRE EL AUTOR

ANDRÉS OLLERO

Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas