La fractura del Estado

Este modelo de financiación a la carta de las pretensiones de los independentistas de ERC parte de una mentira, la de que Cataluña está infrafinanciada. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y CSIC sobre la liquidación del sistema de financiación de las comunidades del régimen común refleja que la brecha entre las regiones mejor y peor financiadas, entre las que se encuentra Andalucía, no hace sino agrandarse en los últimos años. Cataluña se mantuvo tanto en el informe de 2021 como en el 2022 levemente por encima de la media nacional en la financiación por habitante. Andalucía, al contrario, recibió 183 euros menos por habitante en 2022 que la media nacional y 214 euros por habitante menos que Cataluña. El déficit de financiación de comunidades como la andaluza, Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha aconsejaba, según los expertos y María Jesús Montero antes de abrazar las tesis independentistas, que se promoviera un fondo transitorio de nivelación para aminorar las diferencias, justo lo contrario de lo que se pretende hacer. El motivo esencial de este golpe bajo a las comunidades del régimen común no es otro que el de asegurar la investidura de Illa y la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa durante unos meses más.

Según cálculos de Fedea, el tijeretazo que se aplicará a las comunidades del régimen común con el pacto fiscal catalán reducirá su financiación en un 18 por ciento. Este recorte viene de los entre 30.000 y 35.000 millones más que recaudará Cataluña a costa del Estado a cambio de una cuota solidaria de la que ni siquiera se ha acordado ni su método de cálculo ni su cuantía. Si Andalucía reclamaba desde los gobiernos de Susana Díaz, con María Jesús Montero como consejera de Hacienda y abanderada de la reivindicación, 4.000 millones más de financiación del Estado de los que percibía por el escaso peso del factor de la población en el método de cálculo, es fácil dilucidar el descalabro económico al que está abocada ahora que habrá mucho menos para repartir. El cambio de opinión y el silencio que sostienen los socialistas andaluces, con honrosas excepciones como las de José Rodríguez de la Borbolla o Felipe González, sobre la soberanía fiscal de Cataluña, sólo se ha roto para urgir a la Junta a que exija lo mismo que los catalanes. Esta petición sobrada de demagogia y compartida con un sector del Bloque Nacionalista Gallego es inaplicable. El cupo catalán, que no está recogido en la Constitución como los del País Vasco y Navarra, no puede emularse en el resto de territorios salvo que se pretenda quebrar las finanzas y la estructura territorial de España. Sólo con lo que deja de aportar Cataluña a la caja común, según estimaciones de Fedea, el Estado debería ingresar vía impuestos de las comunidades menguantes del régimen común o ahorrar vía reducción del gasto en las políticas estatales (pensiones, defensa…) hasta 62.000 millones de euros. La supuesta soberanía fiscal de Andalucía, que es la mayor receptora de fondos del Estado por tener la renta per cápita media más baja de España, nos abocaría inevitablemente a la indigencia. Si el PSOE andaluz, el mismo que ha pasado del silencio a jalear el 'acuerdo solidario' de Sánchez y ERC, calculó en su etapa reivindicativa que entre 2009 y 2018 Andalucía había perdido por su deficiente financiación cuatro puntos del PIB, háganse una idea de lo que ocurriría si se aplicara el cupo catalán por muy exagerados que fueran los cálculos de la entonces consejera María Jesús Montero.

El acuerdo bilateral para atender la vieja reivindicación de los independentistas catalanes de contar con un cupo a la vasca convierte a España en un Estado casi confederal pero alejado de los sistemas federales de referencia como Suiza, Alemania o Estados Unidos, basados en la lealtad entre el sistema central y los territorios federados y no en el chantaje permanente de los nacionalistas al Estado.