La deriva autocrática

No hay semana en la que una decisión del Gobierno no invada los límites marcados por las líneas rojas que creíamos intocables desde la restauración de la democracia española en 1978. Lo último ha sido la comparecencia en el Congreso de un terrorista yihadista que, a petición de Puigdemont y con la anuencia del Ejecutivo, ha acusado sin pruebas a los servicios del Estado de alentar el atentado de 2017 en Barcelona en el que asesinaron a trece personas e hirieron a más de un centenar. Una indignidad sin parangón en la historia parlamentaria.

Es evidente que la acumulación de poder del Gobierno de España pese a su debilidad parlamentaria, sumada a su carencia de escrúpulos éticos o morales para ejecutar acciones que aseguren su permanencia en la Moncloa, suponen un riesgo de involución democrática. Pedro Sánchez ha acumulado ya, o está en vías de hacerlo, el suficiente poder político, económico, judicial y mediático como para convertir su caudillaje en un riesgo sistémico. Al desembarco en empresas del Ibex hay que sumar el control paulatino de las instituciones del Estado y la presión creciente sobre los medios de comunicación, amenazados por un plan de control político con el pretexto de los bulos y la desinformación de los otros. La amenaza latente sobre los medios se extiende a los jueces, sometidos a una campaña de descrédito desde el propio Consejo de Ministros para socavar su independencia y evitar que las investigaciones abiertas y los procesos en marcha contra altos cargos, simpatizantes y allegados del Ejecutivo o del partido terminen por dirimir las responsabilidades civiles o penales correspondientes.

Es preciso combatir el fatalismo de los que piensan que esta deriva no tiene fin. La fortaleza de la sociedad española, el desempeño de los profesionales independientes, la lealtad de los funcionarios de carrera y la resistencia civil de la ciudadanía no van a sucumbir al pesimismo, al chantaje o a los cantos de sirena populistas de los que ofrecen falsas recetas mágicas para superar la situación. El sanchismo caerá, más bien antes que después. Decenas de empleados públicos, de trabajadores, de empresarios, de periodistas independientes, de magistrados y jueces, de ciudadanos anónimos, de hombres y mujeres dan ejemplos cotidianos de compromiso cívico. Es especialmente relevante el pulso de las jóvenes generaciones que se rebelan ante su precariedad y la hipoteca de su futuro. En España el que resiste gana, como decía Cela. En este caso es la sociedad española la que está suficientemente articulada para rebelarse contra la adversidad. Es necesario que cada uno esté en su sitio, asuma su responsabilidad e impida que pisoteen sus derechos.

A Andalucía, que por su peso demográfico es la mayor comunidad española, le tocará ejercer otra vez de factor de moderación nacional, como ya hizo durante la Transición al rebelarse contra la España a dos velocidades que nos querían imponer. El intento se repite de nuevo, esta vez además con mayor intensidad por la alianza de los independentistas con el Gobierno de España, bendecida con los indultos y la amnistía del Tribunal Constitucional. A diferencia de los años en que se fraguó el estado de las autonomías España es desde 1986 miembro de pleno derecho de la Unión Europea. La pertenencia a la UE nos inscribe como estado en un mundo más globalizado en el que los estados comparten instrumentos supranacionales políticos, económicos y jurídicos que obligan a todos. El intento de discriminar a más de la mitad de los españoles, gobernados en su mayoría por el principal partido de la oposición, debe ahormar un frente común que logre como primer paso una financiación justa y equitativa, que evite que haya españoles de primera y de segunda. Ya está bien de lamentarse de que esto se parece cada día más a Venezuela mientras nos dividen y acorralan. El Estado de Derecho tiene suficientes resortes para que la resistencia cívica detenga su paulatino desmantelamiento.

SOBRE EL AUTOR

ÁLVARO YBARRA PACHECO

Periodista y Exdirector de ABC de Sevilla