No por la puerta de atrás

Editorial ABC

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01/09/2023 a las 19:29h.

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La propuesta hecha pública por el PNV a través del lendakari Urkullu para que se constituya una 'convención constitucional' que permita una reforma a fondo de nuestros preceptos constituyentes para transformar España en un Estado plurinacional, carece de todo anclaje jurídico en nuestro ordenamiento. Esta es la principal conclusión de los expertos juristas consultados por ABC sobre la viabilidad de una iniciativa tan extravagante que, aunque el Gobierno dice no compartir, sí ha acogido como base para abrir un debate «constructivo» sobre el modelo territorial a la medida del nacionalismo. En efecto, no es posible, ni siquiera recurriendo a la siempre socorrida vía de la 'interpretación', modificar la esencia de nuestra Constitución de modo que, aun sosteniendo una cosa, pueda aplicarse la contraria por el mero efecto de una concepción 'creativa' o 'imaginativa' del derecho. Que algo no esté prohibido expresamente en la Constitución, por ejemplo una amnistía como tal, no implica que sea legal aprobar una norma en ese sentido cuando el espíritu de la ley marco de todos los españoles sí proscribe los indultos generales o colectivos. Lo que sugiere el PNV es directamente una España rota compuesta por diferentes Estados o naciones, de manera que el Gobierno reniegue de competencias estatales exclusivas que deberán ser cedidas a los nuevos entes territoriales que se puedan crear. Es una apelación a la desmembración de la unidad nacional en materia de Seguridad Social, en sectores estratégicos, en financiación, o en la creación de poderes judiciales autónomos, dependientes de cada uno de esos nuevos entes en lugar del Estado. Ese es el objetivo final.

El hecho de que el PNV haya elevado su planteamiento rupturista mediante la creación de una 'convención constitucional' no deja de ser una anomalía inspirada en un eufemismo que ni siquiera está contemplado en nuestra regulación. Consciente de que es imposible reformar la Carta Magna por los métodos tasados legalmente, ya que no existiría un acuerdo de tres quintas partes del Congreso para dar a la Constitución un giro revocatorio del actual modelo territorial, Urkullu no propone una reforma de ese texto, sino su derogación de facto y su sustitución inmediata por otra herramienta alternativa, que sería un simple texto sin valor jurídico real. Y todo sin que siquiera fuese necesario tocar una sola letra de la Carta Magna. Se trata de sustituir lo que realmente prescribe la Constitución maquillando su contenido real, reinterpretándolo, y atribuyendo a la nueva regulación una posterior legitimidad de la que en realidad carece. El problema es que ninguna convención constitucional, al menos en España, puede interpretar la Constitución. Sólo puede hacerlo el Tribunal Constitucional. La propia sentencia del TC dictada en 2010 con motivo del Estatuto de Cataluña señala claramente el límite: ningún Parlamento con sus disposiciones puede erigirse en intérprete de la ley de leyes. Por si fuera poco argumento, la 'convención' no está institucionalizada en nuestra nación y además se ha configurado como un sonoro fracaso en muchos países que pusieron en marcha mecanismos semejantes.

La propuesta de Urkullu burla y desnaturaliza los procedimientos que establece la propia Carta Magna para su reforma. Y ahí radica la trampa, en la pretensión de presionar a Pedro Sánchez para que un TC controlado por su Gobierno incurra en un uso alternativo del Derecho para reformar la Constitución por la puerta de atrás, fabrique doctrinas interpretativas que permitan autorizar lo que desecha con claridad, y alterar toda la arquitectura institucional de España para iniciar lo que supondría un nuevo periodo constituyente que enterrase el de 1978.