IRPF y SMI: las claves

El IRPF es un tributo fundamental para hacer efectivo el mandato del artículo 31 de la Constitución, que exige la contribución de todos «al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Esa es también nuestra visión: un sistema fiscal que garantice que quien más tiene más contribuye, y que no traslade a las rentas del trabajo el mayor peso de la recaudación. Llevamos años defendiendo que el SMI debe acercarse progresivamente al 60% del salario medio, tal y como establecen nuestros compromisos con la Carta Social Europea. En la senda de su cumplimiento, los últimos años el SMI ha experimentado un incremento sostenido, mejorando las condiciones laborales de más de 2,5 millones de personas trabajadoras. Tanto es así que podríamos decir que la negociación colectiva más importante de cada año está siendo la fijación del SMI, por el impacto que tiene en los sectores más precarizados y en la estructura salarial.

Sin embargo, este año la subida sostenida del SMI se ha visto oscurecida por el debate sobre su tributación. A nuestro juicio, este debate ensombrece una política social muy acertada emprendida por el Gobierno de coalición, que ha permitido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos y reducir la brecha salarial en nuestro país. Consideramos que aún no ha llegado el momento de que se detraigan retenciones al importe del mínimo de los salarios, pero sin embargo, sí es necesario diseñar una política fiscal coherente dentro del marco del diálogo social, que establezca a partir de qué umbral es razonable que los perceptores del SMI comiencen a contribuir al sostenimiento de la Hacienda Pública, sin que ello suponga una pérdida de poder adquisitivo.

Si los parámetros para la subida del SMI se calcularan en términos brutos, la contribución sería indubitada, ya que se basaría en el 60% del salario medio bruto (32.587 euros en 2023, según Eurostat). Esto evitaría los ajustes entre salario bruto y neto, que llevaron a la Comisión de Expertos a proponer una horquilla de subidas de entre 39 y 50 euros. El importe recomendado hubiera superado los 1.200 euros si se hubieran mantenido, para un contribuyente soltero y sin hijos, las condiciones tributarias de informes anteriores.

Por ello hemos enviado una carta a la ministra de Hacienda solicitando una reunión, aún sin respuesta, para abordar el impacto de la tributación del SMI. Queremos analizar la situación de los colectivos más afectados, jóvenes y mujeres, que representan una parte significativa de quienes perciben este salario, y estudiar qué tipos de gravamen deben aplicarse a las primeras rentas sujetas a tributación. El objetivo es evitar que la subida neta del SMI quede neutralizada por el efecto de la inflación, garantizando así que este avance en materia salarial se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo de las personas más vulnerables.

El debate sobre cuándo y cómo debe tributar el SMI no puede abordarse de forma aislada, sino que debe enmarcarse en una reforma más profunda del sistema fiscal. Es imprescindible corregir elementos que vulneran el mandato constitucional de progresividad y equidad, como la imposición dual que penaliza las rentas del trabajo frente a las del capital o la urgencia de mayor transparencia y simplificación en el sistema tributario para garantizar que personas y empresas cumplen equitativamente con su obligación fiscal. Estos cambios son imprescindibles para lograr una política fiscal justa, eficiente y socialmente responsable. El SMI debe seguir su senda de crecimiento para garantizar unas percepciones dignas y suficientes, al tiempo que se diseñe una fiscalidad más progresiva que proteja a las personas más vulnerables con los menores ingresos y garantice una distribución equitativa del esfuerzo fiscal. Hagamos entre todos una política social y fiscal más justa que hagan de España un país mejor.