Malos tiempos para la prensa

Todos los gobiernos, de derechas o de izquierdas, sienten una inclinación natural a controlar a los medios y descalificar a los periodistas incómodos. Lo sé por experiencia. Pero no recuerdo ningún gobernante tan obsesionado como Pedro Sánchez por acallar las voces que le molestan.

Es en este contexto donde surge la iniciativa anunciada por Podemos de sacar adelante una ley que, entre otras medidas, limitaría las participaciones en medios de comunicación, establecería cuotas de mercado y vigilaría los contenidos desde instancias políticas.

Todo ello es un eufemismo para ocultar que lo que se pretende es amordazar la libertad en nombre de una pretendida defensa de la verdad que se arrogan quienes formulan estas propuestas. Es algo que recuerda lo que hacía el franquismo, que exigía carnés para ejercer la profesión y se atribuía el derecho de secuestrar una publicación, una vez abolida la desdichada censura previa.

El ejercicio de la libertad siempre comporta riesgos. Y, en concreto, es fácil mentir y propagar bulos cuando existe una prensa libre. Para evitar este mal, existe un Código Penal que castiga los delitos de injurias y calumnias y un Código Civil que protege el honor. No es cierto, por tanto, que esos delitos queden impunes ni que las buenas personas estén desamparadas frente a los abusos de la prensa.

Yo mismo tuve que afrontar una querella por revelar el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo, el juez me acusó de ser el cabecilla de una banda criminal (sic), me llamaron mentiroso, me amenazaron con arruinar mi patrimonio y sufrí una campaña de difamación en las redes. Al final, la Justicia condenó al jugador por evadir impuestos, yo perdí mi trabajo y todavía nadie me ha pedido perdón. Todo esto lo digo porque los periodistas también pagamos un precio por la verdad.

Sostenía Jefferson que resulta preferible periódicos sin democracia que democracia sin periódicos. No es posible una democracia sin libertad de prensa, pluralidad y transparencia en la propiedad de los medios. Lástima que haya muchos políticos que no lo entiendan y que crean que esto se arregla poniendo un bozal a los periodistas. La pregunta es, como siempre, quién vigila a los vigilantes.