Multas a la baja

ABC informaba ayer sobre la significativa reducción de las multas impuestas por la Guardia Civil en materia de tráfico y seguridad vial, con un descenso que llega al 90 por ciento en Madrid y otras provincias. Se habla de una «huelga de bolis caídos» como consecuencia de la precariedad en los medios de la Benemérita por los recortes presupuestarios, que afectan —entre otras cosas— a la realización de pruebas de alcoholemia. Según estos datos, los agentes prefieren utilizar la posibilidad legal de advertir a los conductores en lugar de denunciar la infracción correspondiente. Las quejas de determinados responsables políticos ante esta actitud son fiel reflejo de una concepción puramente recaudatoria de las multas de tráfico. En efecto, lo importante no es sancionar mucho para ingresar más, aplicando la normativa actual que facilita la tarea de la administración a la hora de cobrar. Por el contrario, se trata de garantizar la seguridad vial con medidas eficaces de persuasión y de disuasión, utilizando racionalmente los recursos disponibles.

Nadie duda de que la crisis impone recortes en todas partes, pero Interior no puede exigir a los agentes que desarrollen su tarea sin unos medios razonables. La DGT ha recibido merecidos elogios por su acierto en el objetivo de reducir sensiblemente el número de accidentes. Por ello mismo, hay que dar prioridad al interés general frente a las intenciones estrictamente recaudatorias que perjudican la imagen de la Administración ante los conductores y generan una resistencia social a cumplir las normas. Las multas son un instrumento más para mejorar la seguridad vial y no pueden plantearse como un fin en sí mismas. Para la próxima y ya inminente «operación salida», Interior debe ofrecer soluciones urgentes.